La Consejería de Hacienda y Administración Pública ha informado este miércoles sobre el sobreseimiento y el archivo de la denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) contra dos altos cargos de la Junta.

En una nota, la Administración andaluza señala que el juzgado número 14 de Sevilla lo ha acordado para la directora general de Planificación y Organización de los Servicios Públicos, María Teresa Castilla Guerra, y la directora general de Recursos Humanos y Función Pública, Isabel Mayo López.

Las dos altos cargos fueron imputadas ante la denuncia del SAF, pero, según explica, con el archivo de la causa se les levanta la imputación y se demuestra que la actuación en el desempeño de sus funciones "siempre ha sido con arreglo a la legalidad y no ha existido ilícito penal alguno".

La Consejería ha recordado que en 2010, el sindicato Safja solicitó, de prácticamente todas las Consejerías y Delegaciones Provinciales, diversa información sobre personal que estuviese prestando servicios en las mismas.

Recabado informe a la Agencia de Protección de Datos, ésta concluyó que la divulgación de datos requeriría el consentimiento expreso de los afectados, salvo que se publicaran los datos disociados. Ante las respuestas de los diferentes órganos, el SAF reclamó la información en vía contencioso-administrativa.

Por otra parte, en mayo de 2013, el sindicato SAF dirigió escritos a ambas direcciones generales solicitando la relación de efectivos reales de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración General y la relación de plazas vacantes.

Con fecha 31 de mayo de 2013, la Dirección General de Planificación y Organización de los Servicios Públicos dio cumplida respuesta a la petición, remitiendo la totalidad de la información pero disociada de los datos personales, como habían determinado tanto la Agencia de Protección de Datos como, igualmente, el gabinete jurídico de la Junta de Andalucía.

En septiembre de 2013 el SAF presentó denuncia contra las dos directoras generales por delitos contra los derechos de los trabajadores y desobediencia de resolución judicial, por lo que posteriormente ambas fueron imputadas.

Ahora el Juzgado número 14 de Sevilla archiva la denuncia al quedar acreditado que, "en ningún caso, las conductas de ambas directoras sean constitutivas de infracción penal".