Más de 200 personas han secundado hoy ante la Delegación del Gobierno en Cantabria la concentración de protesta convocada por UGT y CCOO en su campaña nacional 'No nos van a callar', en la que se rechaza la persecución al derecho de huelga y a la libertad sindical y que 260 representantes de ambos sindicatos tengan en la actualidad causas judiciales pendientes por las que la Fiscalía pide 120 años de cárcel

Los secretarios generales de ambos sindicatos, María Jesús Cedrún y Carlos Sánchez, han reivindicado la libertad y los derechos sindicales en una concentración, simultánea en las principales capitales de España, y presidida por numerosas pancartas con el lema de la campaña, 'No nos van a callar'.

El acto en Santander también ha contado con la presencia de los secretarios confederales de Acción Sindical de ambos sindicatos, Toni Ferrer y Ramón Górriz, que intervinieron horas antes en un seminario en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

El dirigente de CCOO de Cantabria ha explicado que con esta actuación se prenden defender los derechos fundamentales y la Constitución porque los sindicatos "no defendemos el derecho al trabajo el día que se convoca una huelga sino ése y el resto de los días del año". "No nos vamos a callar, no vamos a tirar la toalla aunque nos persigan", ha recalcado.

Sánchez ha denunciado al respecto que los sindicatos están siendo sometidos a una "persecución", "elevando a la categoría de delito la defensa de los derechos de los trabajadores".

Ha recordado que actualmente hay unos 260 sindicalistas encausados por delitos para las que se piden 120 años de prisión, por lo que las centrales, para que no cumplan condena "personas que han defendido derechos colectivos de la gente", han debido recurrir a figuras "excepcionales" como el indulto "que se concede a gente que ha malversado fondos, que ha robado, en fin, a delincuentes", ha apostillado.

Según el dirigente de CCOO, estos sindicalistas se acabarán convirtiendo en "presos de conciencia, políticos", por lo que al final los sindicatos tendrán que pedir "la amnistía", ha augurado.

En este sentido, Cedrún ha explicado que se les está aplicando un artículo del Código Penal "que nunca ha sido utilizado". "Si a nivel laboral estamos en desigualdad de condiciones, en la justicia y con las peticiones de la Fiscalía la desigualdad es desproporcionada", ha denunciado.

Cedrún ha coincidido en que el Gobierno ha "perseguido los derechos laborales" y "deteriorado" las relaciones laborales y el trabajo y ahora "hay también un deterioro democrático". "El que tiene trabajo, tiene miedo a perder el puesto de trabajo, y el que no lo tiene, tiene miedo a no encontrarlo. Y ahora también hay que tener miedo a salir a la calle a manifestar tu descontento y reivindicar otras políticas", ha denunciado.

En su opinión, la "persecución" es una medida "ejemplarizante" hacia los sindicalistas, que "han sido elegidos" porque eran conocidos, en lo que es "una manera de perseguir a quienes están intentando defender derechos fundamentales", como la libertad de manifestación, "no solo de los piquetes". "Si el capital para implantarse necesita del miedo, ya tiene las herramientas necesarias", ha apostillado.

Por su parte, los secretarios confederales de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, que se incorporaron a la concentración tras sus conferencias en la UIMP, han reiterado que el objetivo principal de las movilizaciones es que "el Gobierno cambie de actitud y se respete el derecho de huelga y el de la libertad sindical".

Ferrer ha insistido en la reivindicación de ambos sindicatos de derogar el artículo 315 del Código Penal, que "hace prevalecer el falso derecho del trabajo sobre el derecho de huelga", tras subrayar que "no estamos defendiendo cualquier cosa: lo que estamos defendiendo es un derecho constitucional como es el derecho de huelga y un derecho a la libertad sindical amparado por todos los organismos internacionales".

Para Ramón Górriz, las movilizaciones iniciadas hoy por los dos sindicatos de clase responden a "la tercera fase de la ofensiva del Gobierno, que primero recurrió a la reforma laboral para recortar derechos laborales y deteriorar el trabajo; luego atacó con la restricción de derechos en la sanidad, la educación y los servicios sociales; y ahora arremete contra los derechos de los sindicatos después de una profunda campaña de deslegitimación contra ellos".