El Gobierno de Canarias reclamará al Estado que compense a Canarias por su negativa a reformar el sistema de financiación que sufraga la sanidad, la educación y los servicios sociales, según anunció este martes en sede parlamentaria el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz.

El consejero señaló que exigirá al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la creación de un fondo de compensación para las comunidades autónomas peor financiadas mientras tanto no se modifique el actual modelo.

"Un modelo que supone que las islas reciban anualmente 800 millones menos que la media que perciben los ciudadanos del resto de las autonomías", comentó.

González Ortiz lamentó esta "vuelta atrás" del Gobierno central que, "dando prioridad al calendario electoral, supone incumplir un compromiso adquirido para reformar un sistema que daña a Canarias de forma extrema".

También se mostró contrario a los argumentos expuestos por el Ministerio para justificar el aplazamiento de la renovación del modelo sin nueva fecha y referidos a evitar debates que promuevan agravios entre las Comunidades Autónomas.

A este respecto, González Ortiz respondió que "habrá que recordarle al ministro que los agravios no los provoca el debate, ya existen, se incrementan con el paso del tiempo y suponen una clara discriminación de los ciudadanos de las islas".

En este sentido, el titular de Economía, Hacienda y Seguridad criticó que el Estado pretenda continuar con la vulneración de un principio constitucional por el que está obligado a velar por la equidad en el reparto de los recursos entre los ciudadanos "vivan donde vivan".

También hizo referencia al incumplimiento de una obligación legal incluida en la propia norma reguladora del actual sistema y que establece su modificación con efecto del 1 de enero de 2014.

Rebaja fiscal y reducción del déficit

González Ortiz manifestó que el sistema de financiación también está afectado por una rebaja impositiva estatal "diseñada para el votante y no para el contribuyente", debido a la incidencia que tendrá en el IRPF y del que las comunidades autónomas son perceptoras del 50 por ciento.

El consejero mostró también la contradicción del Gobierno de España con pronunciamientos anteriores, por los que aseguraba que las dos grandes reformas pendientes eran la fiscal y la financiación autonómica, "ambas necesariamente vinculadas y ahora ambas definitivamente frustradas".

Asimismo, destacó que "mientras se compromete la financiación de las comunidades autónomas por la vía de la rebaja impositiva y por la negativa a modificar el modelo de financiación, la Administración central vuelve a reducir la capacidad de gasto con un objetivo de déficit que pasa del 1 por ciento de 2014 al 0,7 por ciento en 2015".

"Una vez más -concluyó-, recae el peso del ajuste en las autonomías mientras el Estado sigue reservándose el mayor margen; una diferencia que, a pesar de ese reparto desproporcionado, tampoco le sirve para cumplir su propio límite de déficit ya que no tiene ni capacidad ni disposición alguna para disminuir su gasto estructural".