Los exalcaldes de Marbella (Málaga) Julián Muñoz y Marisol Yagüe, así como otros 10 exediles más de dicha localidad en distintas corporaciones han mostrado este martes su conformidad con la acusación formulada por la Fiscalía en otro caso de una licencia irregular concedida inicialmente en 2002, en esta ocasión para la construcción de 42 viviendas unifamiliares adosadas contraria a las normas urbanísticas, según han informado fuentes judiciales.

El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha celebrado el acto de conformidad que forma parte del pacto entre la acusación pública y las defensas en causas por licencias urbanísticas. De hecho, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal ya expresaba que se había llegado a un acuerdo con estos, igual que el de otros procedimientos, solicitando para los acusados penas distintas, según el tiempo que hubieran estado en la corporación marbellí.

Así, como en otras ocasiones, Muñoz, Rafael González y Marisa Alcalá, que estuvieron presentes en el Ayuntamiento casi desde el inicio de estas actividades urbanísticas, se han conformado con un año de prisión y 10 de inhabilitación para cargo electo; mientras que en el caso de José Luis Fernández Garrosa y de Tomás Reñones, "incorporados con posterioridad", son nueve meses de prisión e inhabilitación por 10 años.

Finalmente, a los acusados Marisol Yagüe, Isabel García Marcos, Rafael Calleja, José Jaén, Carmen Revilla y Pedro Pérez, "que se incorporaron al final y que prácticamente sólo intervinieron en la aprobación de licencias de obras relacionadas con los proyectos de ejecución", según se señalaba en el escrito de acusación, se les impone multa de 3.600 euros e inhabilitación para empleo o cargo público electivo durante 10 años.

Aunque en la calificación presentada en su día por el ministerio fiscal constaba que el exedil Javier Lendínez estaba declarado en rebeldía, éste también se ha conformado este martes con lo que viene solicitando para él la acusación pública en las causas por licencia urbanísticas, es decir, 15 meses de prisión. Se indica en el escrito que esta conformidad se expresa "exclusivamente" para estos hechos, sin que tenga transcendencia en otros.

En esta causa, la acusación sostenía que seis de los acusados, en comisión de gobierno de septiembre de 2002, acordaron conceder la licencia en suelo urbano pero "estando sujetos a protección arqueológica tipo 2 y del arbolado". Constaba en el expediente de la licencia informes del arquitecto municipal en los que se establecía que el proyecto no se adecuaba a la normativa de la zona en cuanto a la edificabilidad.

A pesar de ello, los acusados "concedieron por unanimidad, a sabiendas de que la misma resultaba ser un acto injusto, la licencia de obras". Posteriormente, los otros procesados, también en comisión de gobierno, en febrero de 2004, adoptaron por unanimidad el acuerdo de aprobar el proyecto de ejecución, con lo que "se concedía y daba el visto bueno a las obras cuya ejecución se pretendía"; sin tener, además, el preceptivo informe jurídico.

"La concesión de licencias de obras venía siendo habitual con esta forma de proceder en el Ayuntamiento de Marbella desde 1998, por lo que según hubiesen formado parte de una u otra corporación cada acusado, habrán concedido mayor o menor número de licencias de obras ilegales", señalaba la acusación, lo que tiene reflejo en la pena que se impone a cada uno.