Dos exresponsables de Radio Televisión Valenciana (RTVV), Lluís Motes y Luis Redondo, han defendido ante el juez que durante sus etapas como administradores de Ràdio 9 y de la televisión pública tan solo cumplían órdenes que venían de arriba, y han insistido en que tanto los contratos como los gastos y los presupuestos venían dados directamente por la Generalitat valenciana, empresa dueña de la sociedad.

Motes y Redondo estaban citados este martes a declarar como imputados en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) en una causa abierta por presuntas irregularidades en contratos de RTVV, en la que se investiga un agujero económico de 1.300 millones de euros.

Ambos imputados han sido recibidos en la puerta del juzgado por una treintena de extrabajadores de RTVV a gritos de 'sinvergüenza', 'lladre' y 'corrupto'. Por su parte, Lluís Motes ha denunciado en el juzgado de guardia, tras concluir su declaración, que a su llegada al órgano judicial ha recibido una patada y se ha sentido coaccionado ante los gritos. Seguidamente, ha salido escoltado por varios agentes de la Policía y, una vez subido en un coche que le esperaba, se ha despedido con una 'peineta' a los que estaban presentes.

Las declaraciones de los dos exresponsables de RTVV han sido similares, y los dos se han escudado en que no tenían ninguna responsabilidad en el agujero económico de la sociedad y han reiterado que todo les venía dado desde la Generalitat, que era el órgano que fijaba tanto los gastos como los presupuestos.

En concreto, Motes, quien ocupó el cargo de director de Ràdio 9 entre los años 2010 y 2011, ha señalado ante el juez —en una comparecencia que se ha prolongado durante alrededor de una hora— que se preocupaba por conseguir una buena programación para aumentar la audiencia y se ha desvinculado de cualquier gasto o de los presupuestos.

Motes ha explicado su labor como administrador de Ràdio 9 y ha reconocido haber firmado algunos contratos que están siendo investigados, pero porque recibía órdenes de arriba. Él solo se dedicaba, tal y como ha reiterado, a buscar una buena programación para la sociedad.

Al respecto, su abogado, Enrique Lozano, ha explicado a los medios de comunicación que no entiende que se quiera "culpabilizar" a quien en definitiva "no es más que un empleado de la casa" por cosas que "desde luego no son constitutivas de delito".

"Los informes de la Sindicatura de Comptes hacen recomendaciones, recomendaciones que se atienden y que, además, son a un año vencido como mínimo, y sobre cuentas que ha hecho un departamento económico, que son auditadas, y que son intervenidas por la Generalitat sin que haya unas salvedades importantes", ha agregado.

En esta línea, el letrado ha explicado a los medios que es "verdad" que ha habido pérdidas en RTVV, pero "no desde que entra Motes, sino desde año 2000". "¿Pero es responsabilidad de quién administra? Motes, como los demás, se dedican a intentar hacer una programación que suba la audiencia para, a su vez, subir los ingresos indirectos. Canal 9 tenía un dueño, la Generalitat", ha apostillado.

Así, preguntado por si la responsabilidad es de la Generalitat entonces, ha dicho: "si hablamos de la política, yo no soy el indicado para determinarla. Si hablamos de responsabilidad penal, en mi cliente no la hay. La Generalitat es la dueña de la empresa".

Redondo niega irregularidades

Tras Motes, le ha llegado el turno a uno de los exdirectivos de Canal 9, Luis Redondo, quien ha seguido ante el juez la misma línea que su antecesor, y ha negado cualquier tipo de ilegalidad o de irresponsabilidad en su gestión. También ha apuntado a la Generalitat como dueña y responsable de los gastos de la sociedad.

Así mismo, tras su declaración, ha apuntado a algunos periodistas que él es "uno más de los que están fuera": "Todos han sido compañeros míos, he sido compañero de la casa. Da tristeza que gente que ha trabajado contigo y ha sido buena compañera, ahora acabe aquí —en referencia a los excompañeros que le gritaban 'lladre' en la calle—". "Ellos han sido despedidos como yo", ha apostillado.

Por su parte, la vicepresidenta del comité de empresa de RTVV, Salut Alcover, ha destacado a las puertas del juzgado, en declaraciones a los medios, que los directores patrimoniales de RTVV "tienen que responder ante la sociedad valenciana de todo lo malo que han hecho a esta empresa pública y a los trabajadores".

"Lo que no puede ser —ha agregado— es que paguen el pato los 1.600 trabajadores, a los que les ha costado el puesto de trabajo. Cada uno debe responder por su propia gestión y en RTVV tenemos ya 10 imputados, es decir, el 7 u 8 por ciento de todos los imputados valencianos por causas políticas".

A su juicio, RTVV "es prácticamente una Generalitat en pequeño. Nos parecemos mucho a la Generalitat: la misma corrupción, la misma gestión, y el mismo descrédito social". "Lo que queremos —ha agregado— es que se aclaren los términos de la denuncia", y se ha congratulado de que al menos los imputados tengan "la pena de telediario".

Próximas citaciones

Para mañana está citada, también como imputada, la exresponsable de Ràdio 9 Nuria Romeral, mientras que el 23 de julio tendrá que acudir a declarar la exdirectora de Televisión Valenciana (TVV) y exsecretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson; y al día siguiente comparecerá el exdirector general de RTVV José López Jaraba, en una causa abierta por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos.

Este procedimiento se originó a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís en la que acusaba a la excúpula de RTVV de generar un presunto agujero de 1.300 millones en contratos con medios de comunicación y productoras. El 'modus operandi' era, según recoge la denuncia, contratar fuera de presupuesto productos y servicios cada año por importe de 80, 90 o 120 millones de euros, lo que generaba una "desviación" que se vio reflejada en los informes de la Sindicatura de Comptes.