El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha entregado este martes al presidente del Parlamento, Manuel Gracia, su informe de gestión correspondiente a la labor desarrollada durante 2013 en defensa y promoción de los derechos de los menores en Andalucía. Entre los asuntos relevantes que este informe analiza está la pobreza infantil, ante la que el Defensor pide a la Administración y al Tercer Sector impulsar una hoja de ruta común.

En rueda de prensa, Maeztu ha alertado de que en 2012 el 23,9 por ciento de menores de 16 años en Andalucía vivía en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza, lo que "significa casi una cuarta parte". Además, "si no contáramos con las ayudas y subvenciones, el umbral de pobreza en Andalucía en 2012 hubiera alcanzado el 39,1 por ciento". Igualmente, añade que según el Observatorio de la Infancia en Andalucía, "el 44,8 por ciento de menores vive en hogares con carencias en algunos de los conceptos básicos" y que según una investigación de la Fundación Bancaja y el Instituto Valenciano de Investigación Económica, "el índice de pobreza humana sube un 11 por ciento en Andalucía de 2011 a 2007".

Ante esta situación, Maeztu apuesta por un protocolo claro y un trabajo coordinado para "dar respuesta a esta lacra", porque, añade, "tenemos muy claro que esto no es un problema de imagen, sino que primero los menores tienen que comer". Así las cosas, el Defensor señala que en pocos días "va a plantear la necesidad con la Administración y el Tercer Sector de iniciar una hoja de ruta común, para ver qué panorama de pobreza infantil hay, dónde están las carencias o los hogares con pobreza energética, es decir, se trata de hacer un esfuerzo colectivo bien coordinado".

Asimismo, otro de los asuntos importantes que a juicio de la Institución requiere una necesaria atención de las sociedad en general y de los poderes públicos en particular es el fenómeno de la trata de menores inmigrantes que entran en nuestro país para su explotación sexual, laboral y de tráfico de órganos, principalmente, un negocio que, lamenta Maeztu, "mueve anualmente entre cinco y siete billones de dólares americanos y donde el 98 por ciento es ocupado por mujeres y niñas, según datos de Naciones Unidas".

Ante esta realidad, el informe aborda la trata de seres humanos analizando el impacto que produce en las víctimas así como las deficiencias en las tareas de identificación, al tiempo que, entre otras cuestiones, pone de relieve la intervención necesaria de los distintos agentes que atienden al menor desde su entrada en Andalucía y da cuenta de las actuaciones conjuntas realizadas por el Defensor del Menor en Andalucía y el Defensor Estatal con el objetivo de conseguir la implicación, colaboración y coordinación de todos los organismos.

En este sentido, destaca que desde la puesta en marcha de este trabajo conjunto en junio de 2013 se han intervenido en 51 casos de niñas en Andalucía por indicio de trata de menores, declarándose una treintena en situación de desamparo.

Apuesta por potenciar la mediación familiar

El tercer asunto relevante para Maeztu, y del que también se interesa en el Informe presentado, se refiere al nuevo panorama de la mediación familiar en Andalucía tras la entrada en vigor de la ley de mediación familiar de 2009 y su reglamento de desarrollo de 2012 y de la Ley estatal de mediación en asuntos civiles y mercantiles. El documento destaca las bondades de la mediación como medio de solución pacífica de los conflictos surgidos en la familias en los que pueden verse implicados menores de edad.

"Hay conflictos que no encajan en al procedimiento judicial" afirma Maeztu, que apuesta por "potenciar" la mediación familiar "para no judicializar ciertos asuntos, con una figura "clave" como es la del mediador. En este sentido, el Defensor aboga por un nuevo protocolo de mediación.

Este Informe de gestión correspondiente a 2013 también se recoge que el número expedientes tramitados en 2013 se elevó a 1.049 —1.006 promovidos a instancia de parte y 43 de oficio—, al tiempo que resalta que las quejas en materia educativa han sido las más numerosas, destacando entre ellas las relativas a los procesos de escolarización del alumnado (158 quejas). Predominan también las quejas relacionadas con cuestiones de familia (115) y las que suscitan problemas de menores en situación de riesgo (63).

Por comunidades, Sevilla y Cádiz, con 236 y 96 quejas respectivamente son las provincias desde las que la Defensoría ha recibido mayor número de reclamaciones, mientras que por el contrario, Almería con 18 es la que menos quejas ha presentado.

Con independencia de las quejas, se han atendido un total de 2.070 consultas relacionadas con asuntos de menores, de las cuales 746 fueron atendidas desde el servicio del 'Teléfono del Menor', la mayor parte de ellas referidas a problemas derivados de litigios por rupturas familiares. Además, y al igual que en ejercicios anteriores, existe un predominio del uso de este servicio por parte de las mujeres, (67%) frente a los hombres (29,36%). Sevilla es la provincia desde donde se han recibido más consultas (23,22%), mientras que Almería desde la que menos (2,82%).