El Parlament balear ha aprobado, con los 34 votos a favor del PP, la modificación de la Ley de puertos de las Islas Baleares que contribuirá a desarrollar la náutica y a la simplificación de la gestión de las 41 instalaciones dependientes de Ports de les Illes Balears (Ports IB), con el objetivo de impulsar un modelo de desarrollo sostenible y equilibrado.

El texto, aprobado este martes en pleno extraordinario, se ciñe a las nuevas circunstancias que afectan al sector desde la aprobación de la Ley de 2005, tales como la adaptación del Estatuto de Autonomía o la necesidad de una reestructuración organizativa de los puertos para evitar duplicidades o reducir el número de altos cargos.

Así lo ha defendido en sesión plenaria el conseller de Turismo y Deportes, Joaquín García, quien ha recalcado que se trata de una normativa "consensuada con el sector", que tiene como finalidad, ha dicho, "conseguir la autosuficiencia de los puertos de las Islas y conseguir que sean más competitivos".

La oposición critica que se abre la puerta a la privatización

Por su parte, los grupos de la oposición,

Psib y més han criticado que la reforma normativa representa un primer paso para la privatización "salvaje" de las instalaciones portuarias y establece el marco normativo para poder proceder a la desregulación del sector, es decir, "que se pueda hacer lo que algunos les de la gana", ha apuntado el diputado nacionalista David Abril.

Así, Abril ha preguntado al Govern "qué es lo que gana con la privatización de Cala Nova", y ha lamentado que ello supondrá "que muchos propietarios se tengan que ir a buscar otra instalación".

"No entiendo las criticas de los grupos de la oposición cerrados en el discurso del no de todo lo que salga del Govern", ha apuntado el conseller de Turismo, quien ha señalado que "hoy es un día importante para el sector náutico" porque se aprueba la reforma que "esperaban".

Por su parte, el diputado socialista Damià Borràs ha incidido en los efectos negativos de la "privatización" que prevé la reforma normativa y se ha referido a la "ampliación a la carta" de los puertos de Baleares, que, según ha dicho, "deja sin participación a los Ayuntamientos y de los Consells, que no tienen el más mínimo control de estas instalaciones", ha espetado al respecto.

Por último, desde el grupo popular, el diputado Carlos Veramendi ha defendido las ventajas que representa la modificación normativa entre las que ha mencionado la optimización de los puertos, la actualización de los cánones, la agilización de las listas de espera de los amarre o la reordenación de puertos y sondeos, así como la promoción del sector en ferias náuticas, entre otros aspectos.

Contenido del nuevo texto

Así, la modificación de la Ley de puertos de Baleares introduce la nueva figura del Plan General de Puertos para conseguir, así, una planificación territorial estratégica portuaria con la que se cubra la falta de planificación global de la ley vigente.

Mediante esta modificación se otorga a cada puerto la figura de los planes de uso y gestión, para una ordenación más específica de las actividades y usos permitidos y se incluye que sea el concesionado quien tenga la carga de presentar la propuesta.

Además, en materia de personal del ente autonómico se elimina la figura del vicepresidente ejecutivo de Puertos de Baleares, cargo que asume el director general del ramo, con lo que se evitan duplicidades además de producirse el ahorro de un alto cargo. De esta forma, también se adapta el texto a la Ley 7 /2010, de 21 de julio, del Sector Público Instrumental; a la Ley 3/2007, de 27 de marzo, de Función Pública de la Comunidad Autónoma de Baleares, y a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Por otro lado, se modifica el proceso de tramitación de las concesiones de nuevos puertos y de las ampliaciones sustanciales. En este sentido, se elimina el requisito de presentar el proyecto de ejecución previo a la celebración del concurso.

La vigente Ley de Puertos (2005) es anterior a la reforma del Estatuto de Autonomía (2007), en la que se establece que será la Administración autonómica la encargada de impulsar el modelo de desarrollo de los puertos y de promover políticas de equilibrio territorial entre zonas costeras y del interior, cuestiones estas que quedan resueltas con la nueva modificación.