CHA ha reclamado que no se olviden las ayudas pendientes en la Ribera Baja del Ebro tras las riadas de enero de 2013. Desde CHA han recordado que ni el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente español, ni el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón ni la CHE han planteado limpiezas periódicas, "una solución que minimizaría las inundaciones constantes que se producen".

CHA ha propuesto aprobar un decreto de ayudas, como el que han recibido otras comarcas para casos similares, sin obtener respuesta. El presidente de este partido, José Luis Soro, ha lamentado que "no interese actuar en esta zona porque con trabajos muy concretos y sin grandes inversiones se puede acabar con la imagen desoladora que presentó, por ejemplo, el parque de Pina, que todavía no se ha podido recuperar por completo".

Ha comentado que "no puede haber aragoneses de primera y de segunda; queremos que nos traten como a todos los lugares que sufren daños por causas naturales, como han hecho en el valle de Benasque, donde se han invertido en un año más de 10 millones de euros, según han informado las administraciones públicas que se han volcado en esa zona".

Por su parte, José María Sánchez Jaria, concejal de CHA y responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Pina de Ebro, ha dicho que "esta modificación del convenio ha ayudado a algunos ayuntamientos como el de Pina a realizar trabajos en zonas afectadas, pero no es la solución".

"Con la contratación de 2 o 3 trabajadores no se solucionan todos los destrozos que, casi anualmente, sufrimos los municipios de la ribera del Ebro", ha continuado el edil, quien ha pedido que "dejen de hablar de grandes obras, como los cauces de alivio que no convencen a nadie, y planteen trabajos de limpieza y acondicionamiento periódicos para minimizar las consecuencias de las riadas".

La única ayuda recibida ha sido la modificación del convenio anual que firman las corporaciones locales y el INAEM, que antes estaba destinado a todos los ayuntamientos aragoneses y que en el año 2013 se destinaba solamente a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación de trabajadores desempleados para la ejecución de proyectos de interés general dirigidos a la recuperación de infraestructuras y espacios naturales que, a lo largo del año 2012 y 2013, hayan sufrido daños como consecuencia de las crecidas o por incendios forestales.

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