La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo que promueve el proyecto de modernización del regadío del arroz que pasa por que los arroceros lleven a cabo esta labor a través del Canal del Bajo Guadalquivir, lo que supondría que este sector no se viera afectado por el dragado de profundización del río que pretende impulsar la Autoridad Portuaria de Sevilla, ha reconocido que ve "apurado" que la tramitación ambiental de la iniciativa, paso en el que actualmente se encuentra, pueda estar para antes del próximo año 2015.

Así lo ha indicado en una entrevista concedida a Europa Press el presidente de la CHG, Manuel Romero, que ha expuesto al respecto que "estos temas son lentos", habida cuenta de los informes que se reclaman a una gran cantidad de colectivos, estableciéndose como una de las principales problemáticas derivadas la adscripción del proyecto a la convocatoria de fondos europeos 2014-2020 —se está pendiente del programa operativo, con retraso—, ya que el presupuesto, de unos 180 millones de euros, se constituye en el "gran problema" de esta actuación.

Romero ha incidido en que la modernización del regadío del arroz pasaría por que el agua dulce se trajera directamente, en lugar de por la presa de Alcalá, por el Canal del Bajo Guadalquivir, desde Peñaflor (Sevilla), a través de unos 60 kilómetros mediante un trabajo de recrecimiento de dicho canal, lo que permitiría llevar el agua a la margen izquierda del río —con unas 12.000 hectáreas de arroz—, cruzarlo mediante un sifón y trasladarla hasta la margen derecha —22.000 hectáreas— para que pudieran regar los arroceros, que no tendrían que usar agua del estuario y evitarían así el problema de la salinidad.

La obra, costosa no tanto por sí misma como por la gran extensión que abarca —la CHG ha puesto en marcha proyectos similares en el Bajo Guadalquivir o las Vegas Bajas de Jaén, con un precio de 5.000 o 6.000 euros por hectárea— posibilitaría, no obstante, que los regantes no dependieran del río y supondría un importante ahorro en la cuenca de más de 100 hectómetros cúbicos, el equivalente a la capacidad de un pantano.

El presidente del organismo de cuenca insiste en que el proyecto "se justifica por sí mismo", con independencia del dragado, y en que supone una incidencia sobre un segmento "importante", como es el del arroz, con unos ingresos medios anuales de 90 millones y una producción media de 300 toneladas de arroz en cáscara.

Posible "pelea continua" entre puerto y arroceros

En cuanto a su relación con el dragado, Romero ha manifestado que "empieza a ser un tema antiguo", en tanto que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esta actuación data de 2003 y ésta establece una serie de condicionantes, de entre las cuales la protección de la margen derecha, a su paso por Doñana, o las posibles afecciones a los arroceros por el aumento de la concentración de sal en agua son de las más importantes.

El arroz, ha recordado el presidente de la CHG, puede soportar concentraciones de hasta un miligramo de sal por litro. "Si se supera esa cifra puede empezar a haber problemas", ha precisado Romero, que ha indicado que, según la DIA, si el nivel de salinización se incrementa el Puerto tendría que hacerse cargo de posibles medidas compensatorias ante eventuales pérdidas de productividad: de ahí que el proyecto de modernización del regadío, sin estar incluido como tal en la declaración, se justifique, en tanto que esa condición se anularía con esta actuación, al no depender el sector del Guadalquivir.

En cuanto a la adscripción del dragado a los fondos europeos, "no sé si serán capaces de hacerlo, pero la DIA es de 2003", ha insistido. Admitiendo que lo deseable sería que ahora ambos proyectos se acompasaran, "si la obra se hubiera empezado en 2004, cuando había fondos, no habría problemas, pero uno tiene que gestionar en la época en que le toca".

"Si se hiciera no habría conflicto, pero si no habría una pelea continua entre el Puerto y los arroceros", ha dicho Romero, que reconoce, asimismo, que los episodios de salinidad son "bastante caprichosos", habida cuenta de que hay que considerar a un "actor" importante, como es el Océano Atlántico, "que cuando le parece entra en las denominadas aguas de transición". No hay que olvidar, apostilla, que las márgenes, en este caso, son dominio público marítimo terrestre: "aunque se piense lo contrario, Sevilla es de las provincias con más costas de España, con unos 160 kilómetros", ha remarcado.

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