Los sindicatos CC OO y CSI-F han alertado este viernes de la amenaza que supone la "privatización" del Registro Civil para miles de trabajadores, especialmente para los empleos interinos de las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de justicia.

En sendos comunicados, los sindicatos han reaccionado así tras la aprobación de este viernes en el Consejo de Ministros de un real decreto por el que los registradores mercantiles asumirán en el futuro la gestión de los registros civiles, en sustitución de los jueces.

CC OO considera que la "privatización" del registro supondrá la desaparición de cerca de 4.000 puestos de trabajo porque, aunque el personal actual de los registros pase a oficinas judiciales, "todas las administraciones realizarán amortizaciones de plantillas en aquellos órganos judiciales que entiendan sobredotados, tal y como permite la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Por su parte, CSI-F alerta de que el traspaso de las competencias a los registradores de lo mercantil deja en una situación de "incertidumbre" a más de 2.500 funcionarios dependientes de las comunidades autónomas.

En ese sentido, el Ministerio de Justicia ha informado de que se comprometerá a mantener el empleo de los funcionarios e interinos pero tan solo a los adscritos al territorio que es de su competencia.

Este departamento, añade el CSI-F, "se esmera en asegurar la permanencia del empleo pero únicamente en el territorio bajo su gestión" y "aunque quisiera, no puede obligar a las comunidades autónomas con competencias a asumir ningún compromiso de garantía de puestos de trabajo".

Por otra parte, ambos sindicatos dudas de la gratuidad de los trámites para el ciudadano y señalan que la modificación aprobada este viernes terminará afectado a este servicio público.

"Habrá que pagar por la tramitación de numerosos expedientes como matrimonios civiles o nacionalidad y posiblemente en el futuro por determinadas inscripciones y certificaciones", afirma CC OO, mientras que CSI-F asegura que "previsiblemente" la reforma incidirá en la gratuidad de los registros aunque a día de hoy "el Ministerio lo niegue".

El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles ha reiterado su "absoluta disconformidad" con el real decreto ley aprobado por el Gobierno, que establece que los registradores mercantiles asuman en el futuro la gestión de los Registros Civiles, en sustitución de los jueces. El colectivo ha querido expresar su oposición ante esta decisión del Ministerio de Justicia, que también ha adjudicado a los registradores el coste de un sistema informático para procesar los datos del Registro, que seguirá siendo de titularidad pública.

El Colegio de Registradores ha subrayado en la nota "el hecho de que se imponga a estos funcionarios los gastos de funcionamiento de dicho servicio público sin conocer, de momento, ni el presupuesto del mismo ni las empresas que se encargarán de su desarrollo", han denunciado refiriéndose a la plataforma, que correrá a su cargo.

El colectivo ha expresado "su profunda preocupación por la creación de una corporación de derecho público que, según el Ministerio de Justicia, se constituye para integrar a los registradores civiles y mercantiles", una decisión que consideran que podría "provocar la división del cuerpo único de registradores". El colegio de registradores asegura que realizará un análisis pormenorizado de este decreto ley y que "evaluará el alcance" del mismo.

Justicia ha puntualizado que, hasta que la plataforma no esté a pleno rendimiento, serán los jueces quienes sigan al frente de los registros civiles.

Familias con hijos nacidos por gestación subrogada han denunciado la "dramática" situación a la que se enfrentan por no poder inscribirlos en el Registro Civil, así que han exigido al Ministerio de Justicia la modificación de la ley. El vicepresidente de la Asociación 'Son nuestros hijos', Pedro Fuentes, ha asegurado en una rueda de prensa que se ha dejado de aplicar la instrucción de la Dirección General de los Registros y el Notariado que permitía "acceder a la ciudadanía española" a los niños nacidos en el extranjero por esta técnica de reproducción asistida.

Esto implica que estos hijos se quedan en una "situación dramática", en un "limbo legal" que supone, según Fuentes, la desprotección en caso de divorcio de los padres y del fallecimiento de los progenitores, entre otros perjuicios.

La gestación subrogada o maternidad por sustitución, conocida también como "vientre de alquiler", es una forma de reproducción asistida que posibilita a personas con enfermedades, sin pareja u homosexuales, conseguir ser padres o madres.

Fuentes ha recordado que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó a Francia hace unos días por no registrar a tres niños nacidos por esta técnica en Estados Unidos. Las familias por gestación subrogada han exigido a Justicia que aplique esta misma doctrina, reconozca la filiación de sus hijos y reanude las inscripciones en el Registro Civil. "Tiene que tener en cuenta el interés superior del menor", ha subrayado como argumento.