El ICAV y el ICAB se coordinan para actuar contra proyectos de ley "que vulneran los derechos de los ciudadanos"

El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) han acordado actuar conjuntamente para combatir los proyectos de ley de justicia gratuita, y los anteproyectos de ley de colegios profesionales y de la ley orgánica del poder judicial, dado que "tal y como están redactadas actualmente suponen una vulneración de los derechos de los ciudadanos y un paso atrás en cuanto a la proximidad de la justicia".

El Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) han acordado actuar conjuntamente para combatir los proyectos de ley de justicia gratuita, y los anteproyectos de ley de colegios profesionales y de la ley orgánica del poder judicial, dado que "tal y como están redactadas actualmente suponen una vulneración de los derechos de los ciudadanos y un paso atrás en cuanto a la proximidad de la justicia".

Según han informado ambas entidades en un comunicado, ante la inminente aprobación de estos proyectos de ley se ha consensuado un marco de actuaciones para conseguir su retirada. El ICAB y el ICAV instan a los gobiernos autonómicos que tengan competencia sobre estas materias a sensibilizarse con las reivindicaciones de ambos colegios y a establecer un frente común para conseguir la sustancial modificación de estos anteproyectos y proyecto de ley.

Las principales críticas al proyecto de ley de justicia gratuita son "el incremento de trámites que tendrán que hacer los ciudadanos para solicitar el beneficio, la insuficiencia de recursos para sufragar el coste del turno de oficio y asistencia al detenido y, especialmente, la pérdida de los derechos que los ciudadanos tendrán para acceder a la justicia gratuita".

Por otro lado, aseguran que el texto "somete a una asfixia a los abogados y los colegios de abogados porque no se valora su trabajo y se quiere homogeneizar a la baja los módulos de pago, pero, además no resuelve aspectos primordiales para poder ofrecer una buena defensa".

En este sentido, el decano de los abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ha lamentado que "se limite la libertad e independencia del criterio del abogado en el ejercicio de sus funciones, situaciones que aprovechando la tramitación de la nueva ley de justicia gratuita se podrían solucionar".

El decano de los abogados de Valencia, Mariano Durán, ha criticado que "con esta medida no se busca la calidad del servicio" y considera que el Ministerio de Justicia "tiene una falta de sensibilidad hacia un servicio público esencial como es el turno de oficio, prestado por letrados con alta formación y experiencia".

Colegios profesionales

Por otra parte, respecto al anteproyecto de ley de colegios y servicios profesionales, han advertido de que el objetivo principal de la futura ley es "debilitar los colegios profesionales" y rechazan "que se quiera dividir la profesión en función de la colegiación, ya que conllevará un paso atrás en cuanto a las garantías de los servicios prestados a la ciudadanía".

Así, destacan desde el ICAV y el ICAB que los colegios velan para que la actuación de los letrados siga las normas deontológicas de la profesión y se dé cobertura de la práctica profesional a través de una póliza de responsabilidad civil, mientras que si se aprueba la nueva ley estos "no dispondrán de los suficientes recursos para garantizar la prestación de estos servicios primordiales de la corporación y se pondrá en riesgo la garantía de los servicios prestados". Además, representará una intromisión en su independencia y régimen democrático, aseguran.

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona ha apuntado que "se puede crear una situación de indefensión muy grande hacia las personas. Por poner un ejemplo, es como si ahora una nueva ley dijera que no hay seguro para conducir un vehículo".

Desde el ICAV, su decano recuerda que las corporaciones profesionales llevaron a cabo un intenso proceso de "actualización" y "puesta al día" en 2009, a raíz de la llamada ley ómnibus, "que conllevó ir mucho más allá de lo que exigía la normativa comunitaria". Por ello, asegura que ahora "la voluntad real es desregular la actividad profesional de la abogacía en detrimento de los servicios a los ciudadanos, un procedimiento que recuerda la desregulación de la banca en España".

Ley orgánica del poder judicial

Por último, critican el anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que el texto "plantea la supresión de los partidos judiciales y su sustitución por las provincias, con la consecuencia dramática de romper el modelo de justicia de proximidad hacia la ciudadanía". Durán critica en este punto que el proyecto "no se acompañe de una memoria justificativa que señale los recursos materiales disponibles para su desarrollo".

Los dos colegios censuran también que cada año se determine una cuota máxima de recursos de casación que se podrán admitir a trámite, dado que "la justicia no puede tener ni admitir cuotas".

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