El pleno del Consejo General del Notariado ha elegido al decano del Colegio Notarial de Andalucía, Salvador Torres Ruiz, vicepresidente de la entidad, según ha informado en una nota de prensa el consejo.

Éste Consejo General del Notariado se encuentra compuesto por los decanos de los 17 colegios notariales que hay en España, que designan, entre ellos, al presidente y al vicepresidente de la entidad.

El Consejo es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad. Representa al notariado español y tiene entre sus principales fines colaborar con la administración, mantener la organización colegial y coordinar determinadas funciones de los colegios notariales.

Torres Ruiz fue reelegido decano del Colegio Notarial de Andalucía por un periodo de cuatro años en noviembre de 2012. Además, el nuevo vicepresidente es notario desde octubre de 1993 ejerciendo, desde marzo de 2004, en Granada capital.

El Colegio Notarial de Andalucía es el que cuenta con más colegiados de España. Sus 511 notarios se reparten entre las provincias de Almería (49), Cádiz (63), Ceuta (3), Córdoba (60), Granada (57), Huelva (30), Jaén (48), Málaga (99), Melilla (3) y Sevilla (99).

Función del notario

Los notarios están repartidos geográficamente por todo el territorio español, incluso, en localidades muy pequeñas con el fin de garantizar este servicio público.

Igualmente, están organizados por colegios, uno por comunidad autónoma, que les apoyan en su función y al tiempo controlan su actuación. Los decanos de estos 17 colegios integran el Consejo General del Notariado, que representa al colectivo a nivel nacional.

Los notarios dependen jerárquicamente de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) del Ministerio de Justicia.

También es un funcionario público que ejerce en régimen profesional, controla la legalidad y es un pilar básico del sistema de seguridad jurídica preventiva español.

Asimismo, tiene el deber de asesorar imparcialmente, interpretar, configurar y autentificar con arreglo a la ley la voluntad de las partes, que se recoge en la escritura pública. Por eso, el Estado atribuye a la escritura importantes efectos: tiene valor probatorio, ejecutivo y legitimador.