Asaja en Andalucía retomará las movilizaciones si el Gobierno "falta al compromiso" de dar una solución definitiva al 'tarifazo eléctrico' del regadío, después de que hayan pasado cuatro meses desde el inicio de las protestas que movilizaron a 50.000 agricultores y se reanudaran las negociaciones con el Ministerio de Industria para encontrar una solución.

En una nota, la organización agraria recuerda que Andalucía cuenta con 1.100.000 hectáreas, la comunidad que cuenta con mayor superficie de riego en toda España, por lo que si no se ofrece una solución satisfactoria, retomará las movilizaciones en Andalucía e instará a que desde Asaja nacional se convoque a todas las regiones afectadas.

"Asaja-Andalucía no parará hasta que los agricultores de regadío no cuenten con una normativa publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que garantice la continuidad de sus explotaciones", ha advertido.

Según detalla, la energía, cuyo peso era residual en el campo, es tras la mano de obra, "el coste más elevado de las explotaciones". En este sentido, explica que la factura eléctrica del regadío se ha incrementado en un mil por ciento en cinco años y supone hoy más del 40 por ciento de los costes totales de una explotación de riego, lo que convierte en "inviable al sistema agrícola que más producción, más empleo y más movimiento económico genera en todo el mundo rural".

En Andalucía, el regadío, que ocupa sólo el 25 por ciento de la Superficie Agraria Útil, aporta más de 6.500 millones de euros (el 65% de la producción final agraria), genera el 64 por ciento del empleo agrario de la comunidad y el 14 por ciento de todo el empleo regional.

Asaja-A ha recordado que tras las manifestaciones del pasado mes de febrero que movilizaron a miles de agricultores de regadío de Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, el Ministerio de Industria retomó los contactos con el sector y se comprometió a buscar una solución que tuviera en cuenta el carácter estacional del regadío, sin embargo, y cuando ya se está plenamente embarcados en una nueva campaña de riego, "la prometida solución sigue sin llegar".

La continuidad del regadío depende directa y proporcionalmente de la contención de la factura eléctrica, según advierte. "El gran esfuerzo modernizador emprendido por los agricultores para reducir el consumo de agua los ha hecho aún más dependientes de la energía eléctrica", ha señalado.

En concreto, los agricultores andaluces han invertido más de 2.000 millones de euros en modernizar sus regadíos, lo que ha permitido reducir el agua consumida entre un 30 un 50 por ciento, pero esta optimización del agua conlleva un incremento del consumo energético superior al inicialmente previsto tras la desaparición de las tarifas especiales de riego en 2008 y tras "el incumplimiento de la promesa de un contrato de temporada".

Así, ha señalado que la situación es "tremendamente delicada". A modo de ejemplo, Asaja-A detalla que, en la pasada campaña, la bajada en el precio en origen de algunos cultivos de regadío como el maíz tuvo consecuencias "desastrosas", dejó a miles de explotaciones con un saldo negativo.

"Los costes superaron a los ingresos, lo que ha provocado una reducción de la superficie de este cultivo en la presente campaña e incluso, en algunos casos, los agricultores han optado por cancelar sus contratos con las compañías eléctricas y dedicar sus tierras a cultivos de secano, que generan mucha menos mano de obra", ha subrayado.

Asaja ha mantenido varias reuniones con los responsables del Ministerio de Industria a quienes les ha trasladado las opciones que plantea el sector para contener la factura y que pasan por el establecimiento de una tarifa eléctrica basada en el carácter estacional de la agricultura de regadío, en la que se facture por la potencia real utilizada y no por la potencia teórica contratada, para evitar pagar todo el año aunque no se riegue.

Para ello debe permitirse realizar dos modificaciones de la potencia contratada en el plazo de doce meses, deben permitirse los contratos de temporada (de forma flexible, sin penalizaciones), debe modificarse la normativa y la regulación de producción de energía distribuida (autoconsumo) eliminando los costes de implementación o peajes y debería aplicarse un IVA reducido y la exención del impuesto de electricidad a los agricultores.