El alcalde de Boborás, Cipriano Caamaño, ha declarado este jueves como testigo en el juicio por un delito continuado de prevaricación del expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, en donde ha manifestado que a la hora de contratar personal hay que cumplir la ley, pero que en algunos casos "se está ahí, en el borde", según ha admitido.

Caamaño fue uno de los 14 alcaldes que declararon en la cuarta jornada del juicio del expresidente de la Diputación de Ourense, José Luis Baltar, que ocupa el banquillo de los acusados por un delito continuado de prevaricación.

De los regidores convocados, cuatro no lo eran en 2010, año en el que se Baltar firmó ocho decretos para 104 contratos entre los meses de enero y marzo, denunciados en 2010 por el grupo socialista provincial en el juzgado e investigados tres años después, a raíz de una querella presentada por el fiscal.

El regidor de Boborás ha recordado que ocupa el cargo desde 1991 y explicó, a preguntas de la acusación popular que representa el PSOE, que los alcaldes recurren a la Diputación porque los ayuntamientos no pueden hacer contratos ahora, y "siempre se obtiene algún resultado, antes o después".

Como alcalde, ha afirmado que hace "muchos años" contrató a vecinos "que pidieron trabajo verbalmente". "Para mí era lo más normal si se necesita personal por vía urgente, claro que hay que cumplir la Ley, pero hay casos en los que se está ahí, al borde", detalló en alusión al método de petición de trabajadores usado por los alcaldes, que coincidieron en que se hacía directamente al entonces presidente de la Diputación de Ourense y de forma verbal.

INUNDACIÓN

El juicio de Baltar comenzó este jueves una hora después de lo previsto debido a la inundación de la parte oeste del edificio judicial, causada por la rotura de un latiguillo en un baño de la cuarta planta.

Durante la sesión, la jueza del Juzgado de lo Penal número 1 no hizo ningún receso lo que permitió que declarasen en cuatro horas un total de diez alcaldes, cUatro de los testigos que no comparecieron en días anteriores, y a otros cuatro regidores en la actualidad, pero que no lo eran en el año 2010. A estos últimos, convocados por el sindicato Manos Limpias, no se les tomó declaración al saber que ocupan el cargo desde 2011, año posterior al de las contrataciones juzgadas.