El Tribunal de Apelación de París condenó este jueves a Patrick Buisson, consejero de Nicolas Sarkozy cuando ejercía de presidente de Francia, a indemnizarle a él y a su esposa, Carla Bruni, por haber grabado conversaciones contra su voluntad, además de ordenar su retirada de la web que las publicó.

La sentencia, que impone al exasesor una reparación de 10.000 euros, tendrá previsiblemente un efecto disuasorio para quien tuviera intención de publicar el resto de las cintas, pues se supone que Buisson grabó en secreto y sin permiso cientos de horas de conversaciones de Sarkozy y de su entorno.

Se trata de una pequeña victoria judicial del expresidente, inmerso en varias instrucciones judiciales e imputado hace dos días por "corrupción" activa, en otra investigación sobre supuesto tráfico de influencias.

El Tribunal de Gran Instancia de París, en procedimiento de urgencia, ya había dado la razón a Sarkozy en el mismo caso el pasado mes de marzo, decisión que apelaron Buisson y la web 'Atlantico'.

El primero niega haber filtrado las grabaciones, que supuestamente le robaron, mientras que la web considera que respetó el derecho a la privacidad de la pareja Sarkozy-Bruni al publicar solo una decena de minutos de las varias horas de grabaciones disponibles y excluir fragmentos de carácter personal.

Se apoyaron también en el derecho a la información, pues entienden que esos extractos ilustran el sistema de grabaciones de Buisson, un cercano asesor del conservador Sarkozy experto en sondeos y opinión pública con un pasado de extrema derecha, que traicionó la confianza del político al que aconsejaba.

Buisson dijo que realizó las grabaciones para evitar tomar notas de las reuniones en las que participaba, aunque reconoció que no informaba a los presentes de que sus palabras quedaban registradas en un dictáfono.

Lo publicado hasta ahora es, en realidad, bastante banal y políticamente poco comprometedor para Sarkozy.

Nada que ver con las grabaciones, estas efectuadas por orden judicial, que le han valido una imputación por corrupción por la que puede enfrentarse a una pena máxima de diez años de cárcel.

Se trata de intervenciones de sus teléfonos en los últimos meses por orden de los jueces que investigan una posible financiación de su campaña con el dinero del derrocado líder libio Muamar el Gadafi.

Los investigadores descubrieron que Sarkozy y su abogado -también imputado- presuntamente intercambiaban favores con altos magistrados a cambio de que les filtrasen información sobre los avances en las instrucciones que amenazan al expresidente.