La Fiscalía de Sevilla ha vuelto a oponerse a que el exalcalde socialista de la capital hispalense Alfredo Sánchez Monteseirín sea imputado por el juez que investiga las irregularidades en la 'Fundación DeSevilla' durante el anterior mandato, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Las mismas fuentes han precisado que el Ministerio Público ha elevado un escrito al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que se opone a la nueva petición realizada por los actuales responsables de la fundación para que imputara a Sánchez Monteseirín al entender que no participó "ni por acción ni por omisión" en dichas irregularidades.

No obstante, y en dicho escrito, la Fiscalía pone de manifiesto que el expediente de las ayudas analizado "está plagado de irregularidades administrativas", pese a lo cual se opone por ahora a imputar al exprimer edil en la causa.

El pasado mes de mayo, el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, dictó una providencia en la que ya rechazó imputar al exalcalde, todo ello después de que el fiscal se opusiera a ello al no observar indicio alguno de que el exprimer edil pudiera haber incurrido en un delito de prevaricación.

Asimismo, y en ese momento, el fiscal entendió que, aunque el interventor municipal realizó informes por escrito en los que hacía constar reparos a las ayudas, posteriormente no se pronunció al respecto en los 'consejillos' previos a la Junta de Gobierno Local, por lo que se pudo entender que los referidos reparos estaban suplidos por un aval presentado por la fundación, aval que posteriormente no fue válido.

Hay que recordar que, por medio de un escrito, la acusación que ejercen los actuales responsables de la Fundación 'DeSevilla' solicitó la imputación del exalcalde de Sevilla y de los concejales presentes en las juntas de gobiernos donde se aprobaron las ayudas, entre ellos Juan Antonio Martínez Troncoso, Josefa Medrano, María Esther Gil Martín, Francisco José Hernández Sánchez, Alfonso Mir del Castillo, Isabel Montaño y Carlos Vázquez.

En su escrito, la fundación hacía referencia a la declaración como testigo prestada por el interventor del Ayuntamiento hispalense, José Miguel Braojos, quien aseguró que la Junta de Gobierno Local constituida por PSOE e IU-CA en el anterior mandato aprobó "directamente" el expediente de subvención 98/08 "a sabiendas" de las "discrepancias" que él mismo manifestó en cuanto a aspectos como la ausencia de justificación en el caso de ayudas anteriores también concedidas a la fundación.

El expediente 98/08 corresponde a una subvención de 990.000 euros que el Ayuntamiento concedió a la fundación para cooperación internacional y que habría afectado especialmente a las cuentas de la fundación, porque fue autorizada en 2008 y consumada en 2009 mediante anticipo, pero en 2011 se renunció a su totalidad.

Una causa con tres imputados

El interventor detalló que fue el patronato de la fundación el que solicitó al área de Relaciones Institucionales, dirigida por Antonio Rodrigo Torrijos, la mencionada subvención y que, concedida la misma y elaborado el expediente, él mismo como encargado de la Intervención General efectuó diversos "reparos y observaciones" porque la fundación "no había justificado el importe de otras subvenciones anteriores" y "no estaba al corriente de pagos a la Seguridad Social, entre otros aspectos.

"A sabiendas de esas discrepancias", como detalló Braojos, la Junta Local de Gobierno aprobó "por unanimidad y directamente" la subvención, todo ello "sin corregir las discrepancias", lo que derivó en la entrega a la fundación de 742.500 euros en concepto del 75 por ciento del importe total de la subvención. No obstante, y tras varios "aplazamientos para la ejecución de la subvención "conocidos por los componentes de la junta de gobierno", la fundación renunció en 2011 a la ayuda, extremo también aprobado por la junta de gobierno.

En la causa figuran como imputados Miguel López Adán (IU-CA) como exdirector general de la fundación; Carlos Vázquez, secretario provincial del PCA y delegado no electo de Economía y Empleo del Ayuntamiento hispalense durante el anterior mandato, y el otrora primer teniente de alcalde y exconcejal de Relaciones Institucionales, Antonio Rodrigo Torrijos.