El 'canon AEDE' tendría un impacto negativo de 1.133 millones para los internautas

La aplicación del llamado 'canon AEDE' o 'tasa Google', una tasa propuesta por el gobierno que compensaría a editores y autores por el enlace de sus contenidos por parte de los agregadores de noticias, tendría un impacto en los usuarios de Internet de 1.133 millones de euros, según un estudio de la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI).

Esta es una de las principales conclusiones de este informe, realizado por AFI para la Coalición Pro Internet, que mide las consecuencias que tendría la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, que se espera sea aprobada este mismo verano.

En concreto, esta modificación conocida como Ley Lasalle incluiría el cobro de una tasa a plataformas como Google News o Menéame por la redifusión de contenidos procedentes de otros medios de comunicación.

El estudio estima que el canon provocaría la desaparición de los agregadores, o al menos de gran parte de ellos. Sin los agregadores, aumentaría el tiempo que los usuarios tendrían que dedicar a buscar y localizar la información.

Es precisamente ese tiempo de búsqueda lo que determina el impacto económico negativo que el canon tendría sobre los internautas que leen noticias, un total de 17 millones de personas en España, según el INE.

AFI ha estimado en ausencia de los agregadores, ese "tiempo perdido" conlleva una pérdida de productividad en términos económicos, que implica, según el estudio, 1.133 millones de euros al año.

El incremento de solo un segundo en el tiempo de búsqueda de un usuario supondría un coste de oportunidades y una merma de su bienestar individual valorado en 65,7 euros al año.

Después de realizar un análisis, la consultora AFI ha estimado que "no existe justificación" para esta modificación de la ley, ya que no han detectado fallos en el mercado que deban ser enmendados.

"No está claro que los agregadores de noticias compitan con los editores", aseguran. Es más, han detectado que la redifusión de contenidos resulta positivo para los medios, puesto que incrementan el alcance de sus noticias y les reportan más tráfico, tanto indirecto directo. "Muchos usuarios, cuando conocen un nuevo medio a través de un agregador de noticias, terminan por visitarlo de forma directa", señalan los expertos de la AFI.

Además, el estudio señala que los agregadores suponen un doble beneficio también para los usuarios: por un lado ofrecen un mayor abanico de medios a su disposición y por otro reducen el tiempo de búsqueda de noticias, ya que ejercen como filtro.

Por otro lado, AFI advierte que el carácter "irrenunciable" de esta tasa, es decir, la obligatoriedad de su aplicación, supone una vulneración de la libertad de empresa, ya que impide que un medio se acoja a licencias de difusión gratuitas, tales como Creative Commons, o prohíbe que un medio y un agregador se pongan de acuerdo para que éste difunda sus informaciones sin coste alguno.

"El canon atenta directamente contra el derecho de elección del tipo de licencia con la que un medio quiera operar", avisa.

En definitiva, el informe estima que la aplicación del canon implicaría una caída en el número de visitas, y por tanto una caída de ingresos por publicidad, pérdida de productividad y pérdida de puestos de trabajo, tanto directos (por las agregadoras de noticias que cerrarían), como indirectos (en los medios de comunicación, por la caída de ingresos).

"No parece que la pérdida de ingresos por publicidad vaya a compensarse con el canon", exponen, y además señalan un punto relevante: la gestión del canon recaería en una entidad privada que opera con monopolio, presumiblemente CEDRO.

AFI también advierte que el canon crea una barrera de entrada que marcará grandes diferencias entre los agregadores ya existentes y los nuevos.

Finalmente, el informe señala que España se convertiría en el primer país en aplicar un canon 'irrenunciable' que cobraría a los agregadores de noticias por divulgar informaciones, ya que en ningún otro país se ha aplicado una tasa de semejantes características.

Si la aplicación de esta tasa es tan perjudicial, ¿a quién beneficia? "A los grandes editores", responden fuentes de la Afi.

Por un lado, al contar con más tráfico, percibirían una mayor compensación económica a través del canon. Por otro lado, aumentarían presuntamente sus visitas, ya que los usuarios tendrían más dificultades en acceder a los contenidos de medios de tamaño mediano o pequeños sin la ayuda de los agregadores de noticias.

Precisamente, fue una parte de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), constituida por los grandes grupos de comunicaciones españoles como Prisa (El País), Vocento (ABC) o Unidad Editorial (E Mundo), quienes presionaron al Gobierno para la creación de 'canon por cita'.

Arsenio Escolar, presidente de la asociación de editores de prensa AEEPP y de la Coalición Pro Internet, ha calificado de "chapuza jurídica" esta modificación de la Ley de la Propiedad Intelectual, a la que también considera "un error económico notable".

El también director de 20minutos ha hecho notar que esta modificación está siendo tramitada sin haber contado con un informe previo de su impacto en la sociedad y en la economía, una "responsabilidad" que debería haber tomado el Gobierno y que en su defecto ha emprendido la Coalición Pro Internet, integrada por una decena de empresas y asociaciones entre los que destaca Google, Menéame, la Asociación de Internautas, ADigital —la asociación de empresas de la economía digital—, la asociación de editores de prensa AEEPP y medios como 20minutos y eldiario.es.

Su intención es hacer llegar este informe a todos los grupos parlamentarios y hacerles reflexionar sobre las consecuencias de la aprobación de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual que está actualmente en trámites de aprobación.

El equipo de economía aplicada de la AFI analizó el impacto de las tecnologías de la información sobre el crecimiento económico. Emilio Ontiveros, presidente de la AFI, dijo que “no hay justificación económica, ni fallo de mercado que justifique la intervención pública”.

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ya cuestionó el pasado mayo la también llamada 'tasa Google' del Proyecto de Ley de Propiedad Intelectual y descartó que los agregadores de noticias deban compensar a los editores, al no entenderlos como "competidores directos".

En un informe propio, la CNMC concluyó que "ya que existen soluciones técnicas, sencillas y gratuitas que permitirían al titular del derecho de propiedad intelectual que la agregación se realice o no".

Asimismo, calificó de "cuestionable" que todos los editores consideraran competidores directos a los agregadores de noticias.

En este sentido, ya señaló que la redifusión de informaciones a través de terceros "genera o puede generar otros ingresos distintos de la subscripción, principalmente publicitarios", gracias al aumento del tráfico.

Además, la CNMC advirtió que la existencia de una compensación equitativa desincentivaría el acceso al mercado de nuevos prestadores de servicios electrónicos de agregación frente a los operadores ya asentados en el mercado.

Finalmente alertó que sería "ineficiente" determinar, a priori y de forma generalizada, la cuantía y la dirección en la que deben realizarse los pagos entre los generadores de contenidos y el agregador de noticias.