Los trabajadores pertenecientes al colectivo de monitores escolares contratados a raíz del Plan de Choque puesto en marcha por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía al finalizar contrato con la empresa que había subcontratado en condiciones de precariedad a auxiliares administrativos —cuyo despido ha sido ya en muchos casos considerado como improcedente, lo que supondrá la readmisión por parte de la administración autonómica— han convocado para este miércoles 2 de julio, de 11,30 a 14,30 horas, una manifestación desde la sede de la Consejería, en el edificio Torretriana de Sevilla, hasta las dependencias de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, en la calle Alberto Lista.

Dicha protesta, según ha explicado a Europa Press la portavoz del colectivo, Antonia Sáez, se debe a que la readmisión de los anteriores monitores trae como consecuencia, "por una decisión política en la que se nos discrimina, y a pesar de que no todos han denunciado", el "despido" de estos trabajadores.

Al respecto, Sáez ha lamentado que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, rechace reunirse con ellos y que desde la Junta la versión se haya limitado a que a partir de septiembre "los anteriores monitores empiecen a ser readmitidos y nosotros vayamos a la calle".

El colectivo se ha entrevistado con los grupos parlamentarios de PP, IU y PSOE, a los que expusieron sus reivindicaciones aprovechando, precisamente, otra protesta a las puertas de la Cámara autonómica. Los monitores afectados por el Plan de Choque entregaron a los partidos documentación, tal y como ya han hecho ante la presidenta de la Junta y el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. Así, se les pidió que el Parlamento inste a la Junta al "respeto por la legalidad, por los que cumplen con todos los requisitos exigidos y están esperando pacientemente que les toque su oportunidad, y no se dejen influenciar en sus decisiones por los que más gritan".

Estos trabajadores exigen el acceso a un empleo público "respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como los requisitos que exige el convenio para ocupar cada categoría profesional y contra la privatización de los servicios públicos".

Y es que este sector hace hincapié en cómo se ha convocado un procedimiento de acreditación para ese colectivo que incumple normativa en tanto que "ni tienen 2.000 horas de experiencia profesional en tres años dentro de los últimos diez, o 300 horas de formación relacionada con las unidades de competencia, ni el nivel de acreditación (nivel III) se corresponde con el de la categoría profesional donde han estado contratados (nivel II)".

"si hay que llevar el caso a los tribunales,

Se llevará"

Sáez añadía que aunque aún no hay nada definido al respecto, "si hay que llevar el caso a los tribunales se llevará, es algo que ya se ha tanteado". Ello supondría seguir el mismo cauce que han recorrido los monitores auxiliares a los que la Justicia ha acabado dando la razón, "aunque nosotros somos bastantes más de 840".

Y es que el colectivo considera que la Junta incurre en un "trato de favor" hacia los monitores de apoyo, puesto que la Consejería se ha comprometido "no solo a no recurrir dicha sentencia, sino a readmitirlos en una categoría profesional que no es equivalente a la de auxiliar administrativo, que es de la que el juez considera que han sido indebidamente despedidos".

En dicha categoría "no se ha demostrado que hayan trabajado, requiere unos requisitos de titulación de los que carecen y pertenece a un grupo profesional superior, lo que supondría también una promoción económica y profesional".