El juez que instruye el caso del presunto pederasta de Castelldans (Lleida) concluye que David D. cometió doce delitos de abusos y pornografía infantil a menores que tenía en acogida y considera responsable civil a la Generalitat y a la Fundación Concepció Juvanteny, a las que impone una fianza de 448.000 euros.

Según indica el auto de procesamiento, el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Lleida imputa hasta doce delitos al educador David D. por abusos sexuales a siete menores de 13 años y también por aprovecharse de ellos para confeccionar material pornográfico.

En el auto, el magistrado considera responsables civiles a la Fundación Concepció Juvanteny, la entidad encargada de realizar el seguimiento a los menores que tenía bajo su tutela David D., y a la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat, a las que reclama, junto con el acusado, una fianza de 448.000 euros para asegurar las posibles indemnizaciones que se puedan derivar.

En su resolución, el juez atribuye una "responsabilidad inicial in eligendo y posteriormente in vigilando" (en la elección y en la vigilancia) a las dos entidades por haber "autorizado y avalado al imputado como apto para todas las fases de acogimiento de los menores que estuvieron bajo su tutela, y en el "posterior seguimiento de los menores acogidos para detectar si se estaba realizando con todas las garantías y derechos de los tutelados".

Los hechos comenzaron en el año 1998, cuando David D., que trabajaba como administrativo en el centro de menores Torre Vicens, en Lleida, pidió presuntamente a un niño de 12 años hacerle unas fotos en su piso y se habría masturbado delante del menor y luego le obligó a que le masturbara a él. Paralelamente, el imputado fue valorado de forma favorable como acogedor familiar por el entonces Departamento de Bienestar Social de la Generalitat en 1996, según detalla el auto.

En enero de 2001, el presunto pederasta manifestó su deseo de aumentar su proyecto de familia acogedora. Tras recibir el aval administrativo, decidió trasladar su residencia habitual al municipio de Castelldans con la intención de "crear una especie de centro de acogida".

El magistrado resalta que los testimonios de las víctimas, cuya grabación obra en la causa, resultan persistentes y detallados con una exposición de los hechos en algunos momentos desgarradora. Entre los doce delitos que se le imputan, tres son contra la intimidad por la grabación de imágenes que afectan a la intimidad sexual de las personas. Por todos los delitos, el procesado, que se encuentra en situación de prisión provisional, podría enfrentarse a una condena de hasta 77 años de prisión.