Los sindicatos de la enseñanza pública STEC, CC.OO. y UGT han criticado en un comunicado de prensa "cobardía política" del ministro de Educación, José Ignacio Wert, que, según ellos, "ha ocultado hasta el último momento" la hora de su llegada a la inauguración de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En su opinión, el ministro "evita dar la cara y convierte su llegada a un acto oficial en un hecho semiclandestino" como, dicen, ya ocurrió en la apertura del curso escolar 2013-2014, en el que Wert "eludió la protesta llegando a otra hora y entrando por una puerta trasera".

Los tres sindicatos han insistido en calificar su actitud de "huidiza y miedosa, máxime cuando el ministro siempre mantuvo una pose retadora y presumía públicamente de crecerse ante las dificultades".

Sin embargo, "desde el rechazo generalizado y frontal de toda la comunidad educativa a su ley estrella, la LOMCE", Wert "viene haciendo lo que hoy en Cantabria: no se atreve a decir ni a la hora que viene y entra por la puerta de atrás a todos los sitios", han reiterado.

STEC, CC.OO. y UGT han lamentado que el máximo responsable de la educación de España no reciba a ningún representante de la comunidad educativa de Cantabria, "ni dé la cara para exponerse a posibles críticas o manifestaciones en su contra".

Por otra parte, los sindicatos han calificado de "auténtico insulto" los 12,5 millones para implantar la LOMCE que llegarán a Cantabria en los próximos cuatro años, según comunicó ayer el ministro a las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación.

"Querer implantar una reforma educativa con el rechazo que ha suscitado, con las prisas que se está haciendo, y ahora, además, hacerlo en estas condiciones económicas, es asegurar que la reforma nace definitivamente muerta", han valorado.

Finalmente, STEC, CCOO y UGT han censurado el "nulo peso político" que, a su juicio, tiene en el Ministerio la Consejería de Educación de Cantabria, cuyo "servilismo" "no le ha valido de nada y ahora queda como lo que es: una nulidad a la que tratan en Madrid con el mayor de los desprecios".

Las tres organizaciones sindicales han hecho un llamamiento al Gobierno de Cantabria y a su presidente, Ignacio Diego, en particular, para que "defienda los intereses educativos de nuestra región, rechace la limosna de 12,5 millones a pagar en cuatro años y exija lo que el consejero Serna no se atreve a defender ante el Gobierno central: una financiación para la educación digna, justa y acorde a las necesidades de nuestra región", han concluido.