La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE), ha instado a la Generalitat Valenciana a realizar una investigación interna que analice "posibles irregularidades" en adjudicaciones del sector de la dependencia, según ha informado la organización en un comunicado.

Aerte, que ha mantenido una junta directiva convocada con carácter de urgencia tras las noticias publicadas con motivo de las conversaciones publicadas grabadas por la Policía en el marco del 'caso Brugal', ha pedido a la Administración que "depure responsabilidades de todos los intervinientes a todos los niveles si estos hechos se confirman".

Además de esta petición, AERTE ha acordado dirigirse al fiscal anticorrupción con el objeto de informarse sobre los hechos publicados y ha solicitado a la Administración valenciana que no resuelva "ninguna plaza a la empresa supuestamente beneficiada por este escándalo hasta que se aclare la situación".

Por otro lado, ha informado de que "convocará en breve" una asamblea extraordinaria para informar a sus asociados de las acciones tomadas por la junta directiva.

Asimismo, ha instado a la Conselleria de Bienestar Social a cumplir con la Ley de Dependencia, la libertad de elección de centro, el equilibrio y la equidad, creando un nuevo programa de concertación de plazas que se base en estos parámetros y en el que participen todos los centros de sector en igualdad de condiciones.

Del mismo modo, ha exigido a la Administración valenciana a que "desbloquee los expedientes de situación de dependientes desde marzo de 2011 por orden cronológico y que se encuentran bloqueados por destinar todo el presupuesto a plazas públicas concertadas".

Finalmente, ha exigido al Consell que "se pronuncie sobre los hechos tan graves publicados estos días dada las consecuencias negativas que están suponiendo, tanto a las personas en situación de dependencia, como al sector en general".

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