La sección bis que se creó en la Audiencia de Málaga para el caso Malaya se queda desde este martes con una sola funcionaria, pese al trabajo pendiente tras la sentencia que puede durar varios años, sobre todo ahora que el Tribunal Supremo tiene previsto revisar los recursos de casación el 16 de julio.

Mucho trabajo queda por hacer en esta sala, pero la Junta de Andalucía ha decidido prescindir de una de las funcionarias que estaba al frente del caso desde sus comienzos y que conoce dónde está cada documento y el procedimiento como pocos.

Fuentes jurídicas consultadas por EFE han mostrado su sorpresa por esta decisión, ya que tras el verano se tiene que ejecutar la sentencia del Supremo, hacer efectivas las penas de cárcel, las multas y responsabilidades.

Trabajo complicado para una sola funcionaria que se queda al frente, ya que tendrá que localizar los bienes de los condenados, embargar nóminas y ejecutar toda la sentencia del Supremo.

Actualmente, las dos funcionarias interinas (la que se va el martes y la que se queda) están trabajando en la transcripción de la vista oral que se ha celebrado este mes contra el exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) Francisco Javier Lendínez, que estuvo durante casi cinco años fugado y no pudo ser juzgado en el macrojuicio.

También está pendiente el levantamiento de los embargos y terminar de cumplimentar cada una de las piezas de responsabilidad civil de cada procesado.

Además, hay cuatro comisiones rogatorias en Alemania y Suiza que hay que cumplimentar y los abogados continúan solicitando documentación que hay que buscar entre más de millón de documentos que se encuentran en el archivo.

Actualmente, ya se están ejecutando provisionalmente algunos de los bienes del ex asesor urbanístico y cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, que ya ha abonado al Ayuntamiento de Marbella a través de su administrador judicial 1,7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil por el caso Saqueo 1.

Fuentes cercanas al tribunal han reconocido en numerosas ocasiones que sin el trabajo de estas dos funcionarias, que conocen todo el entramado de la causa, la Sala se podría quedar indefensa.

En este sentido, añaden que aunque la Sala sea reforzada más adelante con otros funcionarios, no tendrían la experiencia de la persona que ahora se va, por lo que consideran más sensato que sea la misma persona para que la ejecución no se eternice.

La que fuera secretaria judicial en este procedimiento, Inmaculada Núñez Pedraza, que ha sido la "mano derecha" del tribunal en los últimos tres años, ya mostró el año pasado su preocupación si no se le renovaba a ambas el contrato. "Son las únicas que pueden localizar toda la documentación, bridas, entradas y registro", entre otros trámites judiciales, han insistido todas las fuentes jurídicas consultadas.