Sólo 85 explotaciones agrarias se han dado de alta en el registro de titularidad compartida de las explotaciones agrarias, creado por el Gobierno socialista en el año 2011 y que, en teoría, iba a beneficiar a unas 100.000 mujeres agricultoras, que pasarían así a ser titulares de sus tierras en igualdad de condiciones con sus cónyuges o personas vinculada por relación de afectividad.

La diputada de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) Laia Ortiz se interesó en una pregunta parlamentaria por saber cómo iba la implantación de esta ley, que entró en vigor en octubre de 2011, así como por conocer si se tomarían medidas para impulsar la norma ante su "fracaso", derivado de la falta de campañas de información y difusión y de las "enormes carencias administrativas", como la falta de registro oficial en algunas comunidades.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno reconoce que en el Registro de Explotaciones Agrarias de Titularidad Compartida (RETICOM) figuran actualmente 85 explotaciones agrarias, incorporadas a un ritmo creciente, liderado por Castilla y León, que cuenta con casi el 40% de las explotaciones. Así, del único alta que se produjo en 2011 se pasó a 28 en 2012 y 35 el año pasado. En el primer trimestre de este ejercicio ya se han dado de alta 24 agricultoras.

Se ha cumplido lo previsto

En cualquier caso, el Ejecutivo asegura que desde 2012 y hasta ahora se han ejecutado las acciones a que obligaba la ley: se ha puesto en marcha el RETICOM, se da un trato preferente a estas explotaciones en materia de subvenciones, formación y asesoramiento; y se han llevado a cabo actuaciones de difusión de la titularidad compartida de forma coordinada con las comunidades autónomas, con otros ministerios y con las organizaciones de mujeres rurales, y también a través de los medios de difusión del Gobierno.

No obstante, recuerda que en la propia norma se fija que el primer análisis de sus efectos se realizará a los tres años de su implantación, que se cumplirán el próximo mes de octubre.

"Es por tanto, en este plazo cuando se realizará una evaluación de sus resultados y se propondrán, en su caso y a la luz de sus resultados, las modificaciones que se estimen pertinentes", insiste el Gobierno, que informa de que el Ministerio de Agricultura ya ha empezado con los trabajos de seguimiento del registro para "sopesar si la ley ha alcanzado sus objetivos".

Lejos del objetivo

Unos objetivos que aún quedan lejanos dado que cuando se aprobó la ley por unanimidad del Congreso en octubre de 2011, el Gobierno socialista preveía que se vieran beneficiadas de la titularidad compartida cerca de 100.000 mujeres rurales.

Y es que en aquel momento el 72% de las explotaciones agrarias familiares estaban exclusivamente en manos de los hombres, a pesar de que el 82% de las mujeres rurales trabajan en el campo en calidad de cónyuges o hijas, sin consolidar por ello derechos.

Para fomentar la cotitularidad, el Ejecutivo decidió que las subvenciones se concedieran al 50% entre los dos titulares, y que mujeres y hombres tuvieran capacidad de obtención a partes iguales de créditos para el desarrollo de la explotación. Además, este nuevo régimen tendría la consideración a efectos tributarios de entidad tras inscribir la explotación en el registro autonómico correspondiente, que sería el encargado de suministrar trimestralmente la información al Ministerio.