El magistrado del juzgado de instrucción número 15 de Valencia ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la Agencia Tributaria (AEAT) contra el auto en el que concluyó la instrucción de la pieza principal del 'caso Emarsa', con un fraude que fijó en 23.766.765,50 euros, y en el que imputó a 25 personas por distintos delitos, aunque excluyó los relativos a contra la Hacienda Pública.

El juez rechaza los argumentos expuestos por la AEAT y añade que los hechos "no son tan sencillos" como expone esta parte. Así, señala que en este caso se han practicado muchas diligencias de investigación que han puesto de manifiesto la intención de los gestores de Emarsa de lucrarse ilícitamente con los fondos públicos que la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) le ingresaba para financiar los gastos de explotación de Pinedo.

El juez indica que en las actuaciones para dar "apariencia de realidad" a las relaciones comerciales que mantenían con determinados proveedores con los que los imputados estaban conveniados para desviar los fondos públicos, está la necesidad de autoliquidar mensualmente el IVA, aunque en esas declaraciones no podían omitir la facturación recibida de determinados profesionales, pese a saber que no había prestado servicio alguno para Emarsa o, de haberlo hecho, que habían incrementado de manera injustificada el precio.

Sin embargo, resalta que no hay indicios suficientes para considerar que la inclusión de esas facturas "mendaces" sea constitutiva de un delito contra la Hacienda, de hecho, la mayor parte de los proveedores imputados procedieron a dar cumplimiento a sus obligaciones tributarias "no solo formales, sino también las de pago".

En este sentido, subraya que para entender que se ha producido el delito es necesario que la inclusión de datos mendaces en las declaraciones tributarias "haya causado un perjuicio al erario público, requisito que, tras la práctica de múltiples diligencias de investigación, se advierte que no concurre en los hechos que se investigan".

Así, recalca que los proveedores a los que Emarsa abonó las facturas recibidas —a excepción de dos empresas del empresario fugado Jorge Roca Samper— desarrollaban actividad real y cumplían íntegramente con sus obligaciones tributarias y las cuotas de IVA soportado que se iba deduciendo Emarsa eran ingresadas al erario público por los proveedores que estaban siendo beneficiados por el desvío de fondos públicos. Este ingreso, de acuerdo con el juez, excluye un posible perjuicio a Hacienda.

No obstante, y en relación con Jorge Roca, añade el magistrado que en su caso sí existen indicios de criminalidad, por lo que, en caso de ser localizado, será imputado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública. En todo caso, incide en que en este momento, y a falta de localización del huido, no se ha llegado a indicios de la comisión de los delitos por los gestores de Emarsa.

Embargo a crespo

Por otra parte, en una provindencia con fecha de este lunes, el magistrado acuerda la solvencia parcial de Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, imputado en la causa, y amplía el embargo por vía de mejora en relación con devoluciones tributarias que tiene pendientes de ingreso.

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