El portavoz de Jueces para la Democracia en Baleares (JpD), el magistrado Gabriel Fiol, ha recriminado que la Fiscalía Anticorrupción "tome partido" en favor de la Casa Real con el recurso de apelación que interpuso contra el auto por el que el juez José Castro puso fin a la instrucción del caso Nóos, al tiempo que ha recriminado el tono empleado en el escrito, al recalcar que "no todo vale en Democracia y todo tiene sus límites".

"Se puede discrepar pero no llegar a la descalificación personal", ha aseverado Fiol, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) y uno de los magistrados más veteranos de esta instancia judicial. "Llevo 38 años en la carrera judicial y nunca había visto esto", ha manifestado durante la rueda de prensa que ha ofrecido a los medios para valorar la polémica suscitada.

Al ser preguntado sobre si se ha llegado a esta situación ante la presencia de la Infanta Cristina en las investigaciones y si la Fiscalía ha "tomado partido" a favor de la Casa Real, Fiol ha sido tajante: "En mi opinión personal, sí rotundo".

El magistrado ha reclamado en este sentido "mayor prudencia y un mayor respeto institucional hacia las actuaciones judiciales", y se ha preguntado qué pasaría si el tribunal de la Audiencia Provincial de Baleares que debe resolver los recursos contra el auto del juez Castro confirma esta resolución. "¿Sus magistrados también estarán imbuidos por los mismos hechos?", ha espetado.

Fiol ha contrapuesto finalmente la actitud de la Fiscalía con la de los jueces, y en este sentido ha aseverado que el Ministerio Público es un órgano jerárquico que "depende de una persona que da instrucciones. Más que presiones, son instrucciones u órdenes", ha puntualizado al respecto, subrayando, por el contrario, que "los jueces somos independientes".

El portavoz de JpD en las islas se ha pronunciado en la línea de lo manifestado por esta asociación en un comunicado hecho público el pasado viernes, en el que instaba al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado a salvaguardar la independencia judicial del juez Castro ante las "presiones" y "descalificaciones" que está recibiendo. Además, advirtió de que los "ataques personales" pueden suponer una falta disciplinaria grave de consideración hacia el juez.

La organización defiende que se puede discrepar con argumentos jurídicos de las decisiones de un magistrado instructor, pero alerta de que no resulta admisible la "descalificación con alusiones que no son jurídicas" sino que suponen "meros ataques personales".

"Todavía resulta más grave que, en el citado contexto de presiones mediáticas hacia el juez instructor, la Fiscalía contribuya con su actitud a favorecer las mismas, en lugar de reforzar la confianza de la ciudadanía hacia nuestras instituciones judiciales", considera.

De hecho, señala que "dichas valoraciones pueden suponer una falta disciplinaria, de acuerdo con el artículo 63.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al tratarse de una falta grave de consideración hacia el juez instructor".

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Castro le tocó el caso

JpD recuerda además que Castro no asumió voluntariamente el caso en el que se investiga a Iñaki Urdangarin y doña Cristina de Borbón, sino que le correspondió conforme a las normas de reparto, limitándose a cumplir con su deber como integrante del Poder Judicial con "un gran esfuerzo profesional" en una causa de "especial complejidad fáctica y jurídica" entre presiones "lesivas para la independencia judicial".

"En determinados ámbitos no ha gustado el ejercicio independiente de sus funciones constitucionales y se han empeñado en lanzar sobre él una campaña de deslegitimación para intentar restar credibilidad a sus actuaciones", apunta la asociación, que destaca la llamativa actuación del Ministerio Público lanzando "insinuaciones maliciosas" sobre los objetivos del juez instructor.