El Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta al Pleno de la Cámara autonómica en la que cuestiona al Consejo de Gobierno andaluz si se considera "justificada" la contratación de nuevos directivos en la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía (Amaya), dependiente de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta.

En dicha pregunta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el diputado popular Víctor Manuel González se hace al respecto eco de la contratación, publicada en boletín oficial el pasado mes de mayo, de Dolores Fernández como nueva coordinadora provincial de Málaga de este organismo.

Esta cuestión se eleva al Pleno del Parlamento tras los conflictos laborales registrados en el seno de la Amaya, los últimos relacionados con el Plan Infoca, y fundamentalmente enmarcados, en su totalidad, en el plan de ajuste impulsado por la administración autonómica, que motivó un encierro por parte de los trabajadores del ente en la Catedral de Sevilla.

Aquel enfrentamiento, no obstante, quedó inicialmente solventado con un acuerdo, firmado y respaldado por los delegados sindicales con la dirección de la Amaya, que supone la retirada del periodo de consultas abierto para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y, en concreto, de las reducciones de salario y jornadas que se proponían para los trabajadores.

Los términos del acuerdo, firmado entre la Junta y las tres centrales sindicales con representación en el ente —CCOO, UGT y CSIF—, implican asimismo la retirada de cartas que se habían remitido a algunos trabajadores con impedimentos "provocados por el trabajo en la agencia" donde se informaba de reducciones contractuales.

Por su parte, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio aclaraba que este proceso de negociación pretende evitar el despido de los trabajadores de Amaya, recordando sin embargo que es "necesaria" la puesta en marcha de un plan de ajuste como consecuencia de una reducción en 2014 de 1.200 millones de euros de las transferencias del Gobierno central a Andalucía, lo que se traduce "en una imposición del Estado a la que desde la Junta se le quiere dar la mejor solución".

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