La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este lunes, por unanimidad, las plantillas de trabajadores del Consejo Económico y Social, del Procurador del Común, del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas, culminando de este modo el proceso de reestructuración de las denominadas, por el artículo 19.2 del Estatuto de Autonomía, "instituciones propias de la Comunidad".

De este modo, Castilla y León se ha dotado de un complejo institucional único en España, con el que se ha ganado eficiencia en la gestión, se ha reducido el gasto, y se mejora su funcionamiento en plazos y atribuciones, han informado a Europa Press fuentes del Parlamento autonómico.

El primer paso de todo este proceso se produjo tras la plasmación, por la aplicación de la Ley 5/2011, de 19 de septiembre, aprobada además con un amplio acuerdo, del compromiso del Presidente Herrera en su discurso de investidura de reducir de cinco a tres el número de consejeros del Consejo Consultivo y del Consejo de Cuentas.

Tras ese cambio, la Ley 4/2013 de 19 de junio, también ampliamente consensuada, estableció los criterios aplicables en el nuevo modelo institucional para racionalizar, mejorar la eficiencia y modernizar el funcionamiento de las cuatro Instituciones Propias.

Desde el punto de vista de la gestión y la organización, las cuatro se adscribieron presupuestariamente a las Cortes de Castilla y León.

Además, se sustituyeron las secretarías generales de cada una de ellas, como unidades de gestión administrativa, por una única Secretaría General de Apoyo para las cuatro, a quien se le encomendó como primer objetivo, y bajo la dependencia directa de la presidencia de las Cortes, la puesta en marcha del nuevo modelo institucional con el ahorro que se había previsto en torno a los 2,5 millones de euros.

DE 220 A 156 PLAZAS

La aprobación de las plantillas de las cuatro instituciones supone una reducción, pasando de 220 plazas al inicio del proceso de reestructuración a las 156 previstas, lo cual implica una bajada del 29,09 por ciento.

En cuanto a los altos cargos, se han suprimido siete, pasando entonces de 18 a 11, por la reducción en el número de consejeros del Consultivo y Cuentas y la supresión del secretario general de cada una de las instituciones. Supone una bajada del 38,88 por ciento.

En cuanto al resto del personal, en el Consejo de Cuentas queda una plantilla inicial de trabajadores de 99 pasa a otra final con 62 puestos de trabajo; en el Consejo Consultivo se pasa de 45 puestos a 26; en el Consejo Económico y Social, la plantilla inicial de 19 pasa a ser de 17; y en el Procurador del Común, una plantilla inicial de 39 puestos pasa a otra de 27.

La reducción de personal ha sido posible gracias al esfuerzo de las instituciones en la contención de gasto, así como a la unificación del personal administrativo en la Secretaría General de Apoyo a las instituciones propias. A ésta se le han encomendado tareas unificadas y homogéneas de gestión administrativa, económica, jurídica e informática, entre otras, que antes se desarrollaban por separado en cada una de las instituciones.

Esta Secretaría General de Apoyo, integrada por 13 funcionarios y dependiente de la presidencia de las Cortes, ha ubicado su sede en el Parlamento, aprovechando infraestructuras y medios ya existentes, lo cual ha evitado el incremento del gasto.

Además, la adscripción presupuestaria de las cuatro instituciones a las Cortes ha supuesto que en el presupuesto de 2014 ya se haya podido realizar una importante contención del gasto de cerca del 8 por ciento, lo que supuso un ahorro de 972.552 euros. En esta línea, la reestructuración de las plantillas que hoy se aprueba y su gestión administrativa conjunta por parte de la Secretaría General de Apoyo, supondrá un ahorro de dos millones y medio de euros.

Homogeneización de criterios

Finalizada esta etapa de reestructuración prevista por la Ley, se inicia ahora una fase cuyo principio de actuación será el de continuar sacando el máximo provecho desde el punto de vista del ahorro y de la eficacia a la gestión conjunta de las cuatro instituciones, para lo cual cabe destacar que se homogeneizarán los criterios de gasto corriente en la adquisición de servicios y suministros de las cuatro instituciones, han añadido las mismas fuentes.

Otra de las novedades que incluía la citada ley 4/2013 de 19 de junio, que da soporte legal a esta transformación, era la aprobación de los renovados reglamentos de organización y funcionamiento de las Instituciones Propias de la Comunidad, para lograr otro de los objetivos que se fijaron además del ahorro: la ampliación de las funciones de las instituciones propias.

Gracias a la aprobación de esos reglamentos por la Mesa de las Cortes durante el pasado mes de febrero, el Consejo Consultivo regula la condición de Tribunal de Recursos Contractuales (previsto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), lo que supone una acumulación de tareas que constituye un caso único en el conjunto de las Comunidades Autónomas y que evita la creación de este nuevo órgano en el seno de la Administración Autonómica, con el ahorro consiguiente, dado que su trabajo se realiza con el personal actualmente existente.

También en el Consejo Consultivo se reduce el plazo de la emisión de dictámenes preceptivos a 20 días (dos meses en el Consejo de Estado), se regula la nueva posibilidad abierta ahora de que el gobierno autonómico formule un encargo de propuesta legislativa al Consejo y se articula la presentación de su memoria anual ante la Comisión correspondiente de las Cortes de Castilla y León.

Por su parte, en el CES no solo se amplia la participación de la sociedad civil con la creación del Grupo de Enlace, sino que además se mejora y agiliza su funcionamiento. Así, por ejemplo, se mejora el régimen de adopción de acuerdos y de formulación de enmiendas, al tiempo que se adecúa su trabajo a la notable reducción de plazos para la emisión de sus informes, prevista en la nueva Ley con la distinción de los procedimientos ordinario y de urgencia.

En el Consejo de Cuentas se hace más rigurosa la exigencia del deber de colaboración de entidades públicas y privadas en el trabajo del Consejo, al tiempo que se reducen notablemente los plazos internos para la emisión de los informes de fiscalización y se introduce un nuevo informe de Seguimiento de Recomendaciones, que permitirá valorar la capacidad de actuación del Consejo.

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