Los sindicatos mayoritarios en Asturias, CCOO y UGT, han mostrado este lunes su preocupación ante la actitud que, según han afirmado, tiene el Gobierno central respecto a las movilizaciones de los trabajadores y sindicalistas. Actualmente hay 300 sindicalistas que se enfrentan a juicios y penas por haber participado en una manifestación, lo que los sindicatos consideran una "intimidación" hacia los trabajadores "para que no participen en su derecho a huelga".

Durante una rueda de prensa junto al secretario de organización de la FSA-PSOE, Jesús Gutiérrez, el secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga y el secretario de Acción Sindical de CCOO Asturias, Gilberto García, han destacado que la Fiscalía del Estado está "persiguiendo" la libertad sindical "limitando el derecho a huelga". Por ello los dos sindicatos han iniciado una campaña de "sensibilización" orientada a las instituciones, grupos políticos y la sociedad para paliar esta situación.

En concreto, han explicado los líderes de UGT y CCOO, de los 300 sindicalistas sumidos en procesos judiciales, 73 lo están en Asturias (41 de UGT y 32 de CCOO), por participar en huelgas generales y sectoriales. "Están acusados de altercados y de deterioro de algún bien público", ha explicado Rodríguez Braga, que ha asegurado que la Fiscalía "lo contabiliza de forma exagerada".

Así, Rodríguez Braga ha instado a las instituciones a "poner freno" a la Fiscalía, ante una situación que "está cercenando el derecho constitucional a huelga y metiendo miedo a los trabajadores".

Para Gilberto García esta "penalización" de la acción sindical responde a una intención del Gobierno central de emplear el miedo para criminalizar la movilización, modificando así el derecho a huelga de los trabajadores. "Hay que evitar esta medida", ha defendido, porque "no penaliza hechos concretos, sino que es una forma generalizada de castigar las movilizaciones y a los sindicatos, dándoles una imagen negativa".

Por su parte, el secretario de organización de la FSA-PSOE ha criticado la actitud del Ejecutivo nacional. "Con casi seis millones de parados al Gobierno no debería extrañarle que los ciudadanos reaccionen", ha apuntado.

En referencia a los procesos abiertos a los sindicalistas, Gutiérrez ha destacado que se trata de un "claro intento de desactivar la movilización sindical", aunque ha reconocido que hay casos "de difícil defensa".

Ante esta situación, la FSA-PSOE ha anunciado que tratará de "suavizar y canalizar el problema" a fin de que el Gobierno central cambie su actitud hacia una "mayor colaboración con los sindicatos". "No deben depositar sus expectativas en maniatar a los sindicatos y meter miedo a los trabajadores para que no se vean los problemas", ha dicho.

Por ello, Gutiérrez ha anunciado que, tras las reuniones que los sindicatos mantendrán con el resto de formaciones políticas del Parlamento asturiano, la FSA-PSOE intentará promover una declaración institucional en la Junta General del Principado "para que permita seguir ejerciendo la acción sindical y para que no se criminalice el derecho democrático a huelga".