La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) ha advertido de la "presión policial" en Cádiz sobre las personas inmigrantes. Alude al último informe del Defensor del Pueblo con respecto al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que destaca a la gaditana como una de las provincias en las que más detenciones se produjeron con motivo de la Ley de Extranjería.

En un comunicado, la Apdha detalla que, con "2.245 personas", Cádiz es "la tercera provincia española y la primera de Andalucía" por número de detenciones con ingreso en calabozo en aplicación de la Ley de Extranjería, sólo por detrás de Madrid y Barcelona.

Este hecho constituye una realidad "preocupante", habida cuenta de que los porcentajes de población en la provincia son "muy inferiores a los de la mayoría de provincias españolas".

Reconoce que en estos datos puede tener una especial influencia el número de personas detenidas que han atravesado el Estrecho durante el año 2013. Recuerda que Cádiz es "frontera sur directa" y, por tanto, es "escenario del sufrimiento, vejaciones y vulneraciones que sufren aquellos africanos que desean entrar en Europa y que sólo encuentran la vía de las vallas o de arriesgar la vida en el mar".

No obstante, argumenta que, desagregados estos datos, Cádiz sigue siendo una de las provincias en las que más detenciones se produjeron, tanto de forma absoluta como en relación a la población extranjera residente.

A modo de ejemplo, expone que en Zaragoza, donde residen "más del doble" de extranjeros que en la provincia de Cádiz, se produjo "la mitad de detenciones una vez eliminado el efecto de la llegada a través del Estrecho". Pero sin salir de Andalucía, el número de detenidos en Cádiz —desagregados los datos de inmigrantes detenidos en patera— "supera en más de un 30 por ciento a Almería o Granada, que cuadriplican y doblan respectivamente en número de inmigrantes residentes con respecto a Cádiz".

A juicio de la Apdha, estos datos dan "certeza de la persecución policial que sufren los extranjeros que viven en la provincia de Cádiz".

El informe del Defensor del Pueblo también destaca la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), haciendo un profundo análisis de las personas que pasaron el último año por esos "muros de la vergüenza".

En este sentido, también destaca la "desgracia" de que la provincia gaditana acoja dos de estos centros —uno satélite del otro, el de Punta Paloma en Tarifa—, cuya desaparición exige un número cada vez mayor de organizaciones. De nuevo destaca el CIE de Algeciras en el informe del Defensor del Pueblo, "con 2.484 internados en 2013, muy cerca de Madrid, con 2.694 internados y bastante por encima del siguiente CIE, el de Barcelona con 1.584".

El Informe también señala que la inmensa mayoría de los internados en el CIE de Algeciras-Tarifa son hombres —sólo 160 mujeres durante el año 2013, frente a 2.324 hombres—. Por nacionalidades, son los procedentes de Marruecos los que encabezan la lista, con 778 internados, pero también hay un importante contingente de Malí (294), Chad (249) y Camerún (225).

"irregularidad sobrevenida"

A todo ello, la Apdha añade la realidad de aquellos inmigrantes que residen en la provincia y que, por diversas razones, especialmente por la crisis, han perdido su autorización de residencia, lo que se ha venido a llamar "irregularidad sobrevenida". Afirma que estas personas padecen una "persecución policial de intensidad muy superior a la de la mayoría de las restantes provincias españolas".

En este sentido, acusa al subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, de utilizar "la represión de forma ampliamente indiscriminada sobre los colectivos más vulnerables, sea en forma de multas a los colectivos que ejercen su derecho a protestar, sea con la persecución policial a los inmigrantes".

Por todo ello, la Apdha exige al Gobierno, y especialmente a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, que "abandone su política de criminalización de la inmigración y sea consciente de la realidad de crisis, paro, desempleo y pobreza en la que vive una buena parte de la sociedad gaditana y que padece especialmente la población inmigrante".

Defiende que, ante esta situación, "la respuesta no puede ser policial como está siendo en la provincia de Cádiz, sino que debería consistir en flexibilizar los criterios de las renovaciones, evitar la irregularidad sobrevenida y favorecer la integración".