UPYD reclama a la Junta que anule la prórroga del presidente del Colegio de Médicos por considerarla inconstitucional

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León ha solicitado a la Junta de Castilla y León que anule la prolongación de actividad del presidente del Colegio de Médicos de la Región, José Luis Díez Villarig, al considerar que "atenta" contra el principio de igualdad de todos los españoles, recogido en el artículo 14 de la Constitución.

Unión Progreso y Democracia en Castilla y León ha solicitado a la Junta de Castilla y León que anule la prolongación de actividad del presidente del Colegio de Médicos de la Región, José Luis Díez Villarig, al considerar que "atenta" contra el principio de igualdad de todos los españoles, recogido en el artículo 14 de la Constitución.

Según consta en un comunicado emitido por UPyD y recogido por Europa Press, el último informe del Procurador del Común, Javier Amoedo, explica que esta prórroga "no se ajusta" a orden de Consejería y coincide con que "vulnera" el citado artículo 14 de la Carta Magna,

"Una resolución previsible, ya que se tomó en contra de la Dirección General de Recursos Humanos que afirmaba que "al estar liberado de su asistencia al trabajo, no está encuadrado en las excepciones contempladas en el plan", ha señalado.

Asimimo, según las mismas fuentes, la reclamación 'magenta' cuenta con el apoyo de los colegios de Médicos de Valladolid y Salamanca, que "han mostrado" su rechazo a este aumento de la vida laboral.

Sin rectificación por

Para este partido también resulta "incompresible" que el Gobierno regional "no haya rectificado a estas alturas" y pone en relieve que esta prolongación "anómala" se dé en la figura del presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León y el máximo representante del sindicato CESM en la Comunidad.

"Un hecho que genera dudas en entre la opinión pública respecto a la aceptación de ambas entidades de determinadas políticas de la Consejería del ramo", ha agregado antes de lamentar la "facilidad" con la que las normas discrecionales, como la orden SAN/1119/2012, generan situaciones de "arbitrariedad y vulneración" de los principios constitucionales.

Por todo ello, UPyD en Castilla y León pide a la Junta que actúe de forma "urgente" según lo dispuesto en la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, "procediendo a declarar nulo dicho acto administrativo e iniciar el procedimiento de declaración de lesividad, si fuera necesario".

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