La Hermandad Matriz de Almonte, ante la decisión de la Junta de Andalucía y de los partidos que la gobiernan, PSOE e IU, de proceder de manera inminente a la demolición del puente de la Canaliega, ha pedido al Ejecutivo andaluz que rectifique e impida la demolición del puente, al tiempo que ha expresado su "más enérgica oposición" a esta decisión.

En un comunicado, la Hermandad Matriz ha recordado que "como ya denunciamos hace dos años, al entrar en servicio la nueva y nefasta variante del Rocío, ese puente es la entrada natural a la aldea, de todas las hermandades procedentes de la provincia de Cádiz, y si se derriba, tendrían que hacerlo transitando por la misma variante, que habría de ser cortada al tráfico, con el caos que ello supondría".

Pero además y sobre todo, "ese puente garantiza actualmente la única ruta de emergencia, como alternativa a la variante, que ha dejado al Rocío, con una sola vía de entrada y salida de vehículos", ha resaltado. "Su derribo pone en riesgo la seguridad de los residentes y visitantes del Rocío", ha advertido la Hermandad Matriz.

De otro lado, señala que a esta Corporación le consta que existen informes en este sentido, tanto de la Guardia Civil de Tráfico, como del 112 en Huelva, y quiere alertar y denunciar "el peligro que supone obviar dichos informes y la responsabilidad en que pueden incurrir quienes así actúen, pues el criterio de la seguridad de las personas es de absoluta preferencia y prioridad en la actuación de las administraciones públicas y prima desde luego sobre los criterios medioambientales".

Desde esta Hermandad Matriz y en nombre del movimiento rociero, instan a la Junta de Andalucía a que rectifique e impida la demolición del puente de la Canaliega, y a que plantee lo antes posible, con dotación presupuestaria inmediata, medidas y actuaciones que vengan "a solucionar el grave problema creado por la variante del Rocío".

Al mismo tiempo, la Matriz hace un llamamiento a todas las administraciones públicas, partidos políticos, colectivos sociales, representación vecinal y empresarial y a todos los ciudadanos, a que se manifiesten públicamente en oposición de dicha medida y a que lleven a cabo todas las actuaciones que legítimamente puedan impedir la demolición del puente.