La diputada autonómica del PP Carmen Pedemonte ha criticado que la Junta de Andalucía "haya rechazado el 41,7 por ciento de peticiones para acceder al salario social en 2013, un incremento porcentual de casi 30 puntos respecto a las denegadas en 2008".

En una nota de prensa, Pedemonte lamenta que la Junta "se abandere defensora de las personas en exclusión social cuando cae en la incoherencia de haber incrementado de forma paulatina el porcentaje de solicitudes denegadas y archivadas para acceder a la renta básica o salario social en la provincia".

En este sentido, señala que, "según se desprende de una respuesta parlamentaria, desde 2008, año de inicio de la crisis, el número de peticiones para acceder al salario social en la provincia se ha ido incrementando ante las necesidades de las familias sin recursos, mientras que, por el contrario, el Gobierno andaluz, a medida que las solicitudes han ido aumentando, más aún se ha incrementado el número y porcentaje de las solicitudes denegadas".

A este respecto, detalla que en 2008 fueron denegadas 589 solicitudes, un 12,12 por ciento de las presentadas, mientras que en 2013 se denegaron 3.670, lo que supone un 41,7 por ciento.

La dirigente 'popular' agrega que en el año 2009 "se denegaron 917 peticiones de ayudas de salario social, un 11,8 por ciento; en 2010 se denegaron 1.304, lo que representa un 17,5 por ciento; en 2011 fueron 1.501 las denegadas, incrementándose el porcentaje hasta el 21,35 por ciento; y en 2012 se rechazaron 2.158, pasando ese año al 31,2 por ciento".

A su juicio, resulta "llamativo" cómo el Gobierno andaluz "ha ido incrementado, tanto en número como en porcentaje, las solicitudes rechazadas año tras año, llegando a denegar el 41,7 por ciento de las solicitudes presentadas en 2013".

"La Junta ha pasado de denegar una de cada 10 solicitudes en 2008 a rechazar cuatro de cada 10 en 2013 pese al aumento de las necesidades de los gaditanos", reprocha la diputada autonómica.

Pedemonte afirma que "esta es la auténtica política social del Gobierno andaluz; ese es el verdadero compromiso de PSOE e IU en la Junta con las familias gaditanas que no tienen recursos". Asimismo, ha manifestado que, "por si no fuera poco esta situación, el Ejecutivo autonómico sigue incumpliendo su compromiso en la elaboración de la Ley de Inserción Social para luchar contra la pobreza y la exclusión social".

En este sentido, apunta que esta norma "es un derecho en lista de espera", recordando que "fue una promesa electoral del PSOE que se remonta al año 2000, que está recogida en el Estatuto de Autonomía, y que fue una de las condiciones del pacto de perdedores PSOE-IU sin que, después de más de dos años de las elecciones autonómicas, se haya puesto en marcha".

"Pero el embrollo de la Junta no queda ahí", reseña Pedemonte, que precisa que "ante la situación desesperada de muchos gaditanos debido a la crisis económica, el Gobierno andaluz no tiene otra cosa que hacer que aplazar sin fecha la tan anunciada Ley de Renta Básica, incumpliendo de nuevo sus principales compromisos".

La parlamentaria andaluza indica que "ante todo esto, ahora la Junta anuncia una nueva Ley de Servicios Sociales, una actualización de la ley de 1988, para reordenar los servicios sociales después de 25 años de embrollos, pero sin incluir la Ley de Inserción Social o Ley de Renta Básica, que se encuentra encallada en un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz y de la que no se espera su aprobación en esta legislatura".

Pedemonte asegura que la política social de la Junta "es un error tras otro, ya que para luchar contra la exclusión social, el Gobierno andaluz sigue apostando por lo coyuntural frente a lo estructural, optando por medidas puntuales que son insuficientes o un simple parche que no da solución a las necesidades reales de las familias gaditanas".

Al hilo, se ha referido al Decreto de Inclusión Social aprobado por la Junta, "que rebaja su presupuesto en 12 millones y que contempla medidas insuficientes como el Programa de Suministros Mínimos Vitales y Prestaciones de Urgencia Social con una inversión de 6,5 millones para toda Andalucía", recordando que "sólo los ayuntamientos de Cádiz, Jerez y Algeciras destinaron en 2013 más de cinco millones de euros en ayudas a familias desfavorecidas por estos mismos conceptos".