El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido este viernes que se limite el aforamiento de los cargos públicos al entender que se ha convertido en un "privilegio personal" que continúa en el tiempo en lugar de desaparecer cuando se cesa en el cargo. El número de aforados en España es especialmente elevado en comparación con otros países: hay 10.000, de los cuales 2.000 son políticos.

Fuentes jurídicas han informado de que esta petición figura en el informe al anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que el órgano de gobierno de los jueces ha aprobado este viernes y en el que también solicita que don Juan Carlos y doña Sofía estén aforados ante el Tribunal Supremo.

El texto señala que esta figura puede significar "una afectación del principio de igualdad procesal", al extenderse más allá de los casos previstos en la Constitución y vinculados al principio de inmunidad, "persistiendo incluso tras el cese en el cargo, cuando el beneficio deja de tener justificación objetiva para convertirse en un privilegio personal".

El aforamiento "no es una condición inherente" al enjuiciamiento de determinados cargos públicos, "mucho menos cuando tiene lugar por delitos ajenos a la función que desempeña", explica el informe.

De esta forma, muestra su oposición a la extensión temporal que la reforma impulsada por el Gobierno establece y propone que el aforamiento se vincule al ejercicio de la función en el cargo "cesando cuando cese aquel", es decir, que desaparezca cuando finalice el desempeño público.

El Consejo sostiene que esta figura "causa varios problemas en el procedimiento y conduce en ocasiones a situaciones de difícil comprensión" por lo que plantea "la necesidad de su limitación ad personam".

En este sentido, el fiscal del Tribunal Supremo (TS) Manuel Dolz considera que deberían suprimirse todos los aforamientos porque, a su juicio, suponen un "privilegio procesal" y, en cierto modo, "un desprecio a los jueces ordinarios predeterminados por la ley".

Dolz, en un encuentro de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) impulsado por la Policía Científica, ha puntualizado a los medios de comunicación que en estas manifestaciones no habla como miembro de la Fiscalía del Supremo, sino exclusivamente en su nombre, "personalmente".

"Estoy en contra totalmente de los aforamientos, creo que son un privilegio procesal que atenta contra el principio de igualdad en la aplicación de la ley y que suponen una desconfianza estructural ante un Poder del Estado, que son los jueces y los fiscales", ha subrayado.

Por ello, Dolz entiende que "los aforamientos deberían suprimirse todos" y no deberían existir "ni siquiera" mientras se ejerce un cargo.

Por otra parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha subrayado que "desde luego" ha habido debate público sobre la reforma legal que ha permitirá el aforamiento del rey Juan Carlos, y ha recordado a los diputados que no lo apoyaron que ellos también disfrutan de ese estatus jurídico.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría ha admitido que "probablemente" haya que abrir una discusión sobre los términos del aforamiento que España, pero ha insistido en que en ningún momento este estatus supone impunidad o que los aforados no sean juzgados si son responsables civiles o penales de determinadas conductas.

La número dos del Ejecutivo no ha querido entrar a valorar las razones o "problemas internos" que hayan llevado a otros partidos —en clara alusión al PSOE, que se abstuvo este jueves ante esta reforma— a no apoyar el aforamiento de Don Juan Carlos.