El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha tumbado gracias a la mayoría absoluta de la que goza el PP, una moción de IU-CA que proponía una adhesión al decreto autonómico que ante la reforma de la administración local reserva para los consistorios determinadas competencias, para que el servicio de ayuda a domicilio permanezca bajo la esfera municipal.

La concejal de la federación de izquierdas Josefa Medrano, a la hora de exponer la moción, ha rememorado los "problemas" que afronta el colectivo de aproximadamente 1.300 trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, un servicio encuadrado en la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas dependientes, financiada por el Estado y las autonomías y prestado a través de los ayuntamientos. En el caso de Sevilla capital, la empresa de servicios integrales 'Clece' es la adjudicataria del contrato promovido por el Ayuntamiento hispalense para el servicio de ayuda a domicilio.

Pero como explica Medrano, el futuro de este servicio afronta su adaptación a la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que incide especialmente en las competencias de los ayuntamientos. La nueva ley reconoce como competencias "propias" de los ayuntamientos el urbanismo, la vivienda protegida, el medio ambiente urbano, el abastecimiento de agua, el viario público, la Policía Local, el tráfico o la promoción turística, por ejemplo, pero por contra, determina que los servicios sociales y la sanidad, entre otras materias determinantes, son competencia de las comunidades autónomas, si bien admite la posibilidad de delegaciones.

Frente a esta regulación, el Gobierno andaluz de PSOE e IU-CA ha promovido un decreto Ley que, merced a la Ley de Autonomía Local de Andalucía (Laula) y la Participación en los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), reserva para los ayuntamientos 29 competencias, toda vez que dicho decreto Ley surge en paralelo a la impugnación de la citada ley ante el Tribunal Constitucional.

PROBLEMAS

Medrano, en ese sentido, explica que si con la anterior empresa adjudicataria del servicio de ayuda a domicilio las trabajadoras sufrían constantes retrasos en el abono de sus nóminas, en el caso de 'Clece', sus condiciones laborales han sido rebajadas y se ha prescindido de parte de la plantilla, toda vez que estas empleadas ven con "incertidumbre" su futuro al acercarse la finalización del vigente contrato de 'Clece' e incidir la reforma de la administración local con efectos definitivos el próximo 31 de diciembre.

"Es posible que este servicio, con 1.300 trabajadoras y más de 3.000 usuarios, se pierda en 2015", dice Medrano, cuya propuesta pide que a la espera de la resolución de la impugnación de la reforma de la administración local, el Ayuntamiento se adhiera al decreto autonómico que "blinda" como municipales 29 competencias y siga ocupándose de este servicio. Igualmente, se pide el compromiso de mantener al menos el mismo grado de cofinanciación municipal que la que rige actualmente en el servicio, regulado por un convenio firmado en 2011 entre la Junta y el Ayuntamiento.

La concejal de Familia y Asuntos Sociales, Dolores de Pablo-Blanco, de su lado, ha defendido intensamente "la apuesta decidida" del Gobierno municipal por este servicio, cuyo problema, según dice, es que la Junta de Andalucía "no paga" la parte que le corresponde. "La Junta ha pagado un millón y medio de los nueve millones y medio que debe ingresar", dice explicando que el Ayuntamiento está "anticipando" el pago de los costes de este servicio y gracias a ello las nóminas están al día.

La concejal explica que el número de usuarios se ha reducido a 2.275, —IU-CA habla de una estrategia premeditada para no incorporar nuevos usuarios al sistema—, y ha considerado que los retrasos del Gobierno andaluz a la hora de transferir aportaciones económicas para este servicio son la mejor prueba de que la Junta de Andalucía "ha dejado de lado la ayuda a domicilio". "No pagan", ha enfatizado.

Las condiciones del contrato

La edil popular ha defendido que el Ayuntamiento está anticipando los pagos a la empresa concesionaria del servicio y garantiza el cumplimiento del contrato que regule el mismo, toda vez que la socialista Susana López le ha reprochado que en la adjudicación de dicho contrato primase la oferta más económica, algo con efecto "en las condiciones laborales y salariales" de la plantilla.

Así, y gracias al voto contrario del Grupo popular, que goza de mayoría absoluta, la moción ha sido tumbada pese al voto a favor de PSOE e IU-CA, momento en el que una representación de las trabajadoras que asistía como público al pleno ha formado un tumulto con gritos como "no más recortes". Las trabajadoras, así, han sido expulsadas del salón de plenos.

También ha sido rechazada la moción de IU-CA relativa al colectivo de artesanos que, en régimen de alquiler, habita un edificio de viviendas protegidas y talleres ubicado en el número 70 de la calle San Luis y propiedad de la Empresa Municipal de Vivienda, Suelo y Equipamiento (Emvisesa). Hablamos del colectivo 'Rompemoldes', cuya continuidad peligra según IU-CA por las "subidas" de sus cuotas de alquiler y los gastos de mantenimiento atribuido a los inquilinos. La propuesta, así, pedía apoyar al colectivo, renegociar los precios del alquiler conforme a la situación del colectivo, rebajar sus gastos de mantenimiento y bonificaciones fiscales.

El PP, de su lado, ha explicado que los precios de estos alquileres están "por debajo del precio de mercado" y explica que el miércoles de la próxima semana se celebrará una reunión con el colectivo. Tras no aceptar IU-CA una enmienda del PP que reducía la moción al apoyo al colectivo y al asunto de la reunión, la propuesta ha sido rechazada con el voto contrario del PP, mientras IU-CA y PSOE han votado a favor.