El PNV exige al Gobierno que reparta entre las comunidades autónomas la totalidad de los fondos europeos destinados a poner en marcha la Garantía Juvenil, que suman unos 1.888 millones de euros, y que respete las competencias autonómicas en materia de promoción del empleo.

Así consta en la moción que los nacionalistas vascos han registrado en el Congreso a resultas de la interpelación sobre este asunto que su portavoz laboral, Emilio Olabarria, planteó el pasado miércoles a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, critica la decisión del Ejecutivo de "retener" para sí más de 1.500 millones de euros y repartir entre las comunidades apenas 300 millones, de los que 28 corresponderán al País Vasco. "El mero contraste (entre ambas cantidades) pone de manifiesto el carácter arbitrario y carente de la más mínima equidad de dicha redistribución", critica.

No tiene competencias

No obstante, la formación jeltzale señala que "el problema de mayor relevancia no es el abuso" en la distribución del dinero sino que la Administración central "no sólo no puede redistribución sino que ni tan siquiera puede retener para sí misma" los fondos dado que según el reparto competencial que consagran la Constitución y los estatutos de autonomía el Gobierno legisla en materia laboral y las comunidades autónomas ejecutan esa legislación.

De hecho, la competencia de Políticas Activas de Empleo está transferida de forma específica a los gobiernos regionales, por lo que "el Ministerio de Empleo no puede desarrollar ninguna de las actividades previstas en el Plan de Empleo de Garantía Juvenil", según asegura el PNV.

Tanto es así que durante la interpelación con la ministra Olabarria llegó a criticar que el Gobierno vaya a destinar el grueso de los fondos que retiene para sí para bonificaciones a la contratación, una vía que a su juicio no es la adecuada para luchar contra el paro juvenil y que sin embargo genera graves perjuicios al sistema de la Seguridad Social.

Por ello, exige al departamento que dirige Báñez que distribuya "la integridad" de los fondos recibidos del Programa Europeo Operativo de Empleo Juvenil entre las comunidades autónomas, utilizando como criterio el número de parados menores de 30 años existente en cada región. Además, reclama que se respete el reparto competencial en materia de promoción del empleo.

La ministra, por su parte, aseguró durante el debate parlamentario que la asignación de fondos a cada comunidad ha seguido los mismos criterios que la UE ha utilizado a la hora de distribuir el dinero entre los estados miembros —esto es, la población menor de 25 años de cada comunidad autónoma y la población 'ni-ni' menor de 25 años— y que el Gobierno ha sido "generoso" al establecer una gestión "al 50%" con los gobiernos regionales.