El contrato para la recogida de basuras en Toledo que, según el extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas se otorgó en 2007 a la empresa Sufi a cambio de una supuesta donación de 200.000 euros, se elevó en 11,3 millones de euros "omitiendo el procedimiento legalmente estableciendo y careciendo de los informes preceptivos, por lo que se podría considerar nulo de pleno derecho".

Así lo sostiene la Información General de la Administración del Estado (IGAE) en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que traslada al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sus conclusiones sobre este contrato, cuyo coste para las arcas públicas pasó en dos meses de 6,13 millones a 17,4 millones de euros por la necesidad de actualizar el convenio colectivo de los trabajadores de la empresa. La decisión la aprobó la Junta de Gobierno de Toledo del PP en mayo de 2007 y la ratificó en noviembre de ese año el nuevo equipo de Gobierno del PSOE.

En su declaración ante el juez Ruz del pasado 15 de julio Bárcenas vinculó este contrato a una donación de la compañía, filial de Sacyr, para sufragar la campaña de la candidata del PP de Castilla-La Mancha y secretaria general de la formación, María Dolores de Cospedal. El extesorero dijo que las entregas de dinero que recibía el PP "jamás fueron finalistas, salvo una, en Castilla-La Mancha".

El contrato investigado contemplaba la recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y transporte al centro de tratamiento en todo el término municipal de Toledo. La Junta de Gobierno de la Ciudad, controlada por el PP, lo aprobó en diciembre de 2006 por un coste de 6,13 millones de euros.

Sobrecoste soportado por el ayuntamiento

Sin embargo, el 23 de mayo de 2007, cuatro días antes de las elecciones autonómicas y municipales de ese año y tras un conflicto laboral, el Gobierno local, dirigido por José Manuel Molina (PP), modificó el convenio colectivo de los trabajadores para que se introdujeran "incrementos salariales por encima de los índices de revisión de precios de la concesión", lo que provocó la "modificación del precio del contrato".

Este compromiso se confirmó con un "acuerdo de ejecución y mantenimiento del equilibrio financiero de la concesión" que el Ayuntamiento de Toledo, gobernado desde las elecciones por el socialista Emiliano García-Page, aprobó el 15 de noviembre de 2007. Entonces se contempló un "sobrecoste" para las arcas públicas de 7,2 millones para los diez años de contrato y 4,1 millones más adicionales para los cuatro de prórroga.

"El incremento de los costes de mano de obra como consecuencia de un convenio colectivo no constituye un supuesto de ius variandi (el Ayuntamiento no ha actuado imponiendo al concesionario cambios en el contrato). Por tanto, tal como pone de manifiesto el viceinterventor en su informe, los efectos económicos de estos acuerdos no deben ser soportados únicamente por la Administración", señala el informe de la IGAE.

No era un "hecho imprevisible"

En el mismo sentido, el funcionario que firma el informe apunta que la situación de conflicto laboral no es "un hecho imprevisible para el contratista, ya que la periódica negociación colectiva es una incidencia normal en la dinámica de las relaciones laborales".

"El concesionario debería haber tenido previstas las revisiones salariales dentro de los costes del servicio, siendo de su exclusiva responsabilidad la negociación colectiva con los empleados, origen exclusivo de los sobrecostes", apunta.

Adjudicación legal

La IGAE, en todo caso, no cuestiona la legalidad del proceso de adjudicación del contrato, que tenía una duración de siete años prorrogable por otros siete más que posteriormente se amplió a diez, fue adjudicado legalmente.

"La preparación del contrato se realizó cumpliendo, en términos generales, con el régimen jurídico aplicable. Se ha comprobado que se evacuaron los informes preceptivos y se cumplió el trámite de audiencia pública", señala este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

En su declaración del pasado 15 de julio, en la que reconoció la autoría de la supuesta contabilidad B del PP, Bárcenas aportó al juez dos recibís por valor de 100.000 euros correspondientes a la supuesta donación que habían sido firmados por el gerente del PP de Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas. Éste declaró como testigo en noviembre de 2013 aunque aseguró que hizo los documentos "al dictado" de Bárcenas y sin llegar a percibir nunca ninguna cantidad.