El alquiler, ya se dijo, parece ser una víctima inmediata del anteproyecto de la reforma fiscal promovida por el Gobierno. El sector ha puesto el grito en el cielo. Un argumento más que aportan para rechazar las nuevas medidas –que básicamente suponen la eliminación de las deducciones por alquilar piso– es que elevarán a 300.000 los alquileres que dejarán de declararse.

Es Arrenta, la Asociación para el Fomento del Alquiler y Acceso a la Vivienda, quien ha hecho ese cálculo; 300.000 viviendas arrendadas y no declaradas, lo que tendrá un coste de 2.160 millones que pasarán a la economía sumergida.

El porcentaje de alquileres que no se declara actualmente, según las estimaciones de esta empresa, es del 10% del total, aproximadamente 200.000, con una renta media de 7.200 euros anuales. Esto supone 1.400 millones de euros al año, el 0,12% del PIB, aunque la cifra puede incrementarse hasta 2.160 millones con las nuevas medidas.

Según Arrenta, la solución pasa por medidas de fomento fiscal, con una revisión al alza de la deducción estatal en detrimento de la autonómica y la eliminación del límite de la base imponible. Además, se inclina también por tomar medidas de control, como el gasto de los contadores de luz de las viviendas supuestamente vacías.

La asociación explica que “la reforma perjudica enormemente el impulso y la regulación del alquiler” y provocará un aumento del número de las viviendas en alquiler que no se declaran y de la economía sumergida.

Las medidas afectan negativamente tanto a propietarios, como a inquilinos. Así, se reduce la desgravación que se aplican los propietarios por los ingresos por alquiler hasta el 50%, independientemente de la edad del inquilino. En la normativa vigente, la desgravación del 60% llega hasta al 100% si el inquilino tiene entre 18 y 30 años o entre 18 y 35 y el contrato de alquiler se firmó antes del 31 de diciembre de 2010.

También se eliminan parte de las deducciones para los inquilinos. Actualmente es del 10,05% de las cantidades satisfechas en el período impositivo sin límite de edad, siempre que la base imponible sea inferior a 24.107,20 euros anuales, hasta un máximo de 9.040 euros al año.