El juzgado de instrucción número 2 de Gandia ha acordado el sobreseimiento provisional de la denuncia presentada contra el Gobierno municipal al por miembros de la oposición contra el traslado de la escultura '25 d'abril' de Antoni Miró, al no apreciar delito de prevaricación ni que hayan causado daños a la pieza "de manera deliberada y consciente".

En un auto fechado el 22 de junio, el juez destaca que la jurisdicción penal "no puede utilizarse como instrumento de ataque a decisiones de tipo administrativo de oportunidad o de tipo político" y que, por este motivo, su resolución "no puede pronunciarse sobre la oportunidad o no del traslado", sino que se debe "centrar exclusivamente en si se ha cometido algún delito tipificado en el código".

En cuanto a los presuntos daños en el conjunto escultórico, indica que esa cuestión quedó resuelta en un auto del juzgado de instrucción número 1 que consideraba que "es un acto notorio, sobre todo debido a que la instalación se ha realizado justo delante del edificio de los juzgados, que actualmente se ha instalado en las mismas condiciones que tenía en la rotonda de la que ha sido retirado, sin que pueda considerarse que se le haya producido ningún daños de una manera deliberada y consciente, con la intención de menoscabar su integridad".

"Y ello —agrega— sin perjuicio de cualquiera pueda tener una opinión personal tanto sobre la oportunidad del traslado o sobre la corrección o no del nuevo emplazamiento".

Respecto al delito de prevaricación, el juez considera acreditado que "se ha seguido el procedimiento administrativo, que la medida cautelar en su día solicitada fue denegada" y que "la falta de intervención del escultor no supone incurrir en el tipo penal que supone adoptar una resolución contradiciendo texto legal sin fundamento, careciendo de competencias u omitiendo formalidades de tipo absolutamente esencial, o actuando con desviación de poder", algo que a su juicio "no concurre".

En su opinión, se ejecutó "una decisión del Ayuntamiento en el ejercicio de sus competencias", punto en el que el juez recalca que su resolución no realiza "un juicio de oportunidad o político sobre si esa decisión es acertada o no".

SOLER:

"la justicia avala la decisión del ayuntamiento"

En un comunicado, el portavoz y coordinador del gobierno local, Víctor Soler, valora esta decisión judicial y destaca que, "de nuevo, la justicia avala la decisión del Gobierno sobre su legítima decisión de cambiar la escultura de lugar".

Soler señala que la oposición "ha demostrado, una vez más, que a falta de hacer política y presentar un modelo alternativo de ciudad, lo que le interesa es judicializar la vida política y hace el ridículo en los tribunales".

Además, se pregunta "por qué la oposición niega al actual gobierno la legitimidad de la que sí gozaron otros gobiernos para poner y quitar esculturas" y le insta a que "deje de judicializar la vida política y trabaje en positivo por el futuro de la ciudad".