La crisis económica ha dado lugar a un "contexto desfavorable" para la integración de los inmigrantes en España debido a la reducción "sistemática" de los fondos destinados a esta materia, tal y como pone de manifiesto el Anuario de la Inmigración en España 2014, presentado este jueves. En la publicación, que cumple este año su séptima edición, han participado 17 especialistas de distintas disciplinas, quienes ofrecen una panorámica del fenómeno de la inmigración así como de la emigración y profundiza, además, en cómo la coyuntura económica ha afectado a este colectivo.

Uno de los directores del anuario Joaquín Arango ha señalado que a pesar de que la atención de la sociedad se centra en la emigración, al ser un fenómeno novedoso, el grueso de las personas que abandonan España son inmigrantes. De hecho, de las 2.186.795 personas que se han marchado de España entre 2008 y el 1 de julio de 2013, 1.924.714 (el 88,01%) eran extranjeras y 262.081 españolas (11,98%).

El pasado año se produjo un cambio de tendencia al bajar de forma significativa por primera vez el número de inmigrantes, con casi 200.000 personas empadronadas menos que en el año anterior y el mayor porcentaje de estas bajas de población extranjera se concentró en las franjas de edad de entre 25 y 44 años(el 55 % de las salidas). En concreto, el 32% de las bajas corresponden a personas de entre 25 y 34 años.

Por ello, al igual que en el anuario anterior, si antes el perfil del trabajador inmigrante en España respondía al de una persona joven ahora es el de una persona más mayor y sobre todo mujer, con un nivel de formación más alto. Arango ha insistido en que la mayoría de los inmigrantes que llegaron a España en los años previos a la crisis, permanecen, y no han parado de llegar, aunque en los últimos años la cifra es inferior a los que abandonan el país. Por ello, ha destacado que de la integración de la población extranjera dependerá "la buena salud" de la sociedad futura.

En este sentido, ha considerado que la crisis económica ha provocado que la situación no sea la más favorable para permitir su integración a causa de los recortes de fondos.

La integración, ha apuntado Arango, requiere como casi todas las políticas públicas, gasto público por parte de ayuntamientos, comunidades autónomas y del Gobierno central, pero esos fondos se están viendo "sistemáticamente" recortados. Así, ha dicho, hay menos personas dedicadas a fomentar la integración de este colectivo y tanto los ayuntamientos como las organizaciones sociales están haciendo un "sobresfuerzo" para suplir las vacantes en los departamentos dedicados a estas materias y que no se están cubriendo.

Por su parte, otro de los directores del informe David Moya ha mostrado su extrañeza de que el Gobierno no haya tomado la iniciativa legislativa en materia de inmigración lo que puede mostrar una "sensación de inactividad" en este asunto. Así, por ejemplo, ha afirmado que el Plan de Integración aprobado en 2011 caduca este año y al menos deberían haberse formado grupos de trabajo para preparar el siguiente. Tampoco ha ayudado el "suspenso" en el que ha quedado el Fondo Social de Integración.

No obstante, ambos han coincidido en que en España el 70% de los inmigrantes tiene permisos de residencia de larga duración, lo que supone una "puerta" a la igualdad de derechos algo que, evidentemente, sí favorece la integración. La crisis también ha afectado a las nacionalizaciones por residencia: si de 2009 a 2010 se incrementaron un 55,43%, en 2011 descendieron un 7,37% produciéndose un leve incremento en 2012 del 0,84%.