El presidente de Canarias, Paulino Rivero, ha señalado este jueves que moverá "Roma con Santiago" para llegar al Tribunal de Luxemburgo para tratar de parar las prospecciones, y ha dicho que si el Gobierno continúa con su línea "obsesiva" de autorizar los sondeos, Canarias "se convertirá en un problema de Estado".

En su primera intervención tras el fallo del Tribunal Supremo, Paulino Rivero informó de que la sentencia todavía no ha sido notificada al Gobierno, pero considera que la discrepancia mostrada por dos de los cinco magistrados significa que hay "serias dudas" de la legalidad de las autorizaciones para llevar a cabo las prospecciones.

"Hay serias dudas de que se esté cumpliendo con la legislación europea, por lo que moveremos Roma con Santiago para llegar al Tribunal de Luxemburgo si se está vulnerando dicha normativa", insistió.

Si bien no ha querido desvelar la estrategia que seguirá la defensa jurídica del Gobierno canario, Paulino Rivero apuntó que del contenido de los votos particulares que ya han trascendido se desprende que hay una cierta "opacidad" a la hora de pedir a la UE que se exprese respecto a si se está cumpliendo la normativa europea.

"Me hubiera gustado que ante estas dudas, la decisión hubiera sido —antes de expresar una sentencia firme— haber acudido a los tribunales para ver si se está cumpliendo con la normativa europea, ya que de los votos particulares se deriva que el camino tenía que haber sido el conocer qué dice la legislación europea", añadió.

A raíz de la sentencia del alto tribunal, el jefe del Ejecutivo canario ha anunciado que seguirá con la hoja prevista para que las prospecciones no se lleven a cabo. Así, la próxima semana se reunirá con los partidos políticos de Canarias y seguirá pendiente de una entrevista con el nuevo Jefe del Estado.

Asimismo, el 7 de julio mantendrá un encuentro en Madrid con el máximo responsable de Sacyr y el 21 con el presidente de CaixaBank con el objetivo de conseguir la "sensibilidad" de los principales accionistas de Repsol que "no encontramos" en el Gobierno de España, señaló Rivero.

Por otro lado, ha avanzado que el lunes vence el plazo que tiene el Gobierno de España para autorizar la consulta popular que ha solicitado el Ejecutivo canario. "Si no se autoriza, estamos decididos a impulsar los mecanismos que sean necesarios para que los canarios expresen su opinión clara y nítida sobre si están en contra de las prospecciones", advirtió.

También ha adelantado que van a pedir la suspensión cautelar del expediente de exploración, que tiene como punto de partida la declaración de impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y que autoriza la exploración de hidrocarburos, y que todavía no está concedida.

Problema de estado

Respecto a las prospecciones que se pretenden llevar a cabo en el archipiélago balear y una hipotética declaración de impacto ambiental negativa que "se está cocinando", el presidente canario ha asegurado que el Gobierno del PP tiene un "claro" problema de partido con Baleares, pero quiso dejar claro que con Canarias puede tener "un problema de Estado".

"Si el Gobierno continúa en esta línea obsesiva de seguir intentando imponer las prospecciones, estará sembrando todos los ingredientes para que este problema se convierta en el asunto más importante de desafección de la sociedad canaria hacia el Estado", advirtió Rivero.

En este sentido, quiso dejar claro que los canarios "nos crecemos" cuando se producen situaciones de "injusticia y de abuso", y añadió que "en este empecinamiento que tiene el Gobierno de poner en riesgo el futuro de las nuevas generaciones de canarios, se está produciendo una situación de claro abuso. Están abusando de Canarias".

Ante una situación, Rivero aseguró que el Gobierno va a seguir "firme" en su objetivo de que las prospecciones no se lleven a cabo, y que va a seguir tomando "todas las decisiones" que estén en su mano, ya sea en el terreno jurídico, político o social.

En cualquier caso, insistió en que el Ejecutivo canario va a "exprimir" la vía jurídica, aunque aclaró que éste "no es un asunto jurídico, sino político y social de gran calado que debe de tratarse desde ese punto de vista y no remitiéndonos a los tribunales".