El Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba ha decretado la puesta en libertad con cargos para las 51 personas detenidas por la Policía Nacional, en el marco de la 'Operación Seguro', en la que se ha destapado un supuesto entramado empresarial creado para defraudar a la Seguridad Social, tras investigar diez empresas cuyos titulares presuntamente realizaban contratos de trabajo falsos y altas irregulares, todo ello con la finalidad de obtener, de manera fraudulenta, subsidios por desempleo, permisos de residencia y beneficios penitenciarios.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación, después de que el Cuerpo Nacional de Policía ha detallado en una nota que la operación ha estado enmarcada dentro del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en materia de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social.

Así, la primera fase se inició a finales del pasado noviembre tras interponer una ciudadana extranjera una denuncia en la que manifestaba haber sido víctima de una estafa por parte de un gestor que le prometió regularizar su situación en España a cambio del pago de 600 euros.

Los investigadores identificaron a un hombre que figuraba como titular y gestor de varias empresas y que adeudaba a la Seguridad Social unos 200.000 euros. Los agentes constataron que había realizado contratos de trabajo a nombre de "seis empresas ficticias, todas ellas bajo su gestión, y con apariencia legal, pero que no desarrollaban actividad laboral alguna".

Además, comprobaron que estas empresas se habían creado con la única finalidad de recibir prestaciones sociales —ascendiendo la cuantía irregularmente percibida a 205.000 euros— y, con ello, propiciar que personas extranjeras carentes de documentación para residir legalmente en España pudieran solicitar su regularización en nuestro país, al justificar su actividad laboral.

Una vez recopiladas las pruebas e indicios necesarios, la Policía explica que estableció un operativo y registraron la asesoría y el domicilio del principal investigado. En ellos se intervino gran cantidad de documentación y material informático de las seis empresas ficticias como contratos de trabajo, sellos, certificados, nóminas de trabajadores, facturas, seguros, escrituras de constitución de empresas, listados de trabajadores y empresas, movimientos bancarios, etc.

Una vez analizada la información incautada en los registros los investigadores, los agentes detienen al supuestamente principal responsable, el asesor-consultor autorizado en todas las empresas ficticias, y a otros cinco empresarios cordobeses implicados en los mismos hechos.

Además, localizaron y detuvieron a 28 trabajadores de las empresas ficticias, que supuestamente habían solicitado prestaciones públicas indebidas —desempleo, subsidios, incapacidad temporal, jubilación anticipada...— y entre los que había varias personas extranjeras que habían tratado de regularizar su situación en España con los contratos fraudulentos.

Segunda fase

No obstante, la presente operación no se dio por concluida, por lo que desde marzo y hasta junio y después de un estudio exhaustivo de la documentación intervenida en los registros realizados en la primera fase, los investigadores localizaron contratos de trabajo y nóminas de las empresas ficticias a nombre de otros supuestos trabajadores, "los cuales habían acumulado días de cotización con el único fin de en un futuro solicitar el cobro de prestaciones y subsidios públicos".

Los agentes comprobaron que algunos de dichos trabajadores habían utilizado igualmente contratos y nóminas falsas para tratar de regularizar su situación en el país, así como incluso para obtener beneficios penitenciarios.

Por todo ello, en esta segunda fase han detenido a otras 17 personas, como presuntos autores de un delito de falsedad documental, la mayoría de ellos en Córdoba capital, así como dos de ellos en Madrid y Alicante.