MÉS per Palma propone "blindar" las competencias de servicios sociales ante la amenaza de la Ley de Administración Local

El concejal de MÉS per Palma, Antoni Noguera, ha presentado una propuesta al Pleno del Ayuntamiento, que será debatida este jueves, para que Cort inste al Govern a tramitar un Decreto Ley que "blinde" las competencias de Servicios Sociales de los ayuntamientos, en la misma línea que ya lo han hecho en Castilla y León, Andalucía, País Vasco y Galicia.

El concejal de MÉS per Palma, Antoni Noguera, ha presentado una propuesta al Pleno del Ayuntamiento, que será debatida este jueves, para que Cort inste al Govern a tramitar un Decreto Ley que "blinde" las competencias de Servicios Sociales de los ayuntamientos, en la misma línea que ya lo han hecho en Castilla y León, Andalucía, País Vasco y Galicia.

De este modo, MÉS muestra su rechazo a la reforma que plantea la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y las consecuencias que tendrá sobre la vida de las personas y los servicios públicos que dejarán de estar garantizados por la administración.

"El Ayuntamiento de Palma es la administración más cercana a los ciudadanos, y servicios sociales es el último escudo de muchas personas ante el riesgo de exclusión social", ha apuntado Noguera en un comunicado, en el que ha incidido en que "Cort no puede dejar de prestar un servicio público tan sensible e importante para los proyectos de vida de miles de familias".

"Si el PP no se posiciona, atentará contra la justicia social y la igualdad de oportunidades. Si queremos recuperar el futuro de Palma, los servicios sociales municipales son imprescindibles", ha espetado al respecto.

Noguera ha explicado que esta propuesta, de la mano de la diputada Fina Santiago, también será trasladada próximamente al Parlament, ya que están de acuerdo en la necesidad de "blindar" las competencias de Servicios Sociales "y hacer frente a la Ley de la Administración".

MÁS está a favor de blindarse a través de un decreto ley que tenga rango de ley para garantizar el mantenimiento de las competencias propias de los consistorios.

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