Elena Valenciano, Rosa Díez, Montoro o Cañete, con fondos de pensiones vinculados a Sicavs

  • Valenciando y Díez han anunciado que se quieren dar de baja.
  • En la lista también están, entre otros, el divulgador científico Eduardo Punset, eurodiputado con el CDS, o el socialista Enrique Barón.
  • El diputado socialista Valeriano Gómez ha dicho que estos fondos de pensiones son legales, legítimos y están aprobados por el Parlamento Europeo.
  • Willy Meyer dimite por el fondo de pensiones del Europarlamento.
La candidata socialista Elena Valenciano durante su comparecencia en la sede del partido, en Madrid, tras conocer los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.
La candidata socialista Elena Valenciano durante su comparecencia en la sede del partido, en Madrid, tras conocer los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo.
Zipi / EFE

Hasta 39 eurodiputados españoles que han trabajado en el Parlamento Europeo entre 1994 y 2009 han participado en fondos de pensiones vinculados a una Sicav en Luxemburgo. Entre ellos, la jefa de la delegación socialista española en el Parlamento europeo, Elena Valenciano; la actual líder de UPyD, Rosa Díez; el actual ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; el candidato del PP a las últimas elecciones europeas, Miguel Arias Cañete; y el exministro del Interior Jaime Mayor Oreja.

También destaca la presencia del socialista Enrique Barón y el conocido divulgador científico Eduardo Punset, eurodiputado con el CDS de Adolfo Suárez desde 1987 hasta 1991. Tras la dimisión de Suárez, abandonó el CDS y siguió como independiente hasta 1994.

Las Sicav son sociedades de inversión de capital que habitualmente son utilizadas por grandes fortunas por su baja tributación (1%). Las críticas se centran en que son instrumentos financieros que pueden servir para evadir el pago de impuestos debido al escaso control que tiene la Agencia Tributaria sobre estas sociedades, que están bajo la supervisión de la CNMV. En un sistema de cofinanciación, cada mes se hacía una aportación individual al fondo cercana a los 1.200 euros, mientras que el PE daba el doble.

Tras la dimisión este miércoles del dirigente de Izquierda Unida Willy Meyer como diputado del Parlamento Europeo por la polémica creada por su participación en este fondo voluntario de pensiones del Parlamento Europeo, fuentes socialistas han confirmado que la cabeza de lista del PSOE en las elecciones del pasado 25 de mayo, Elena Valenciano, suscribió este fondo de pensiones en su anterior etapa como eurodiputada. De la actual delegación socialista, solo lo tenían Valenciano e Inés Ayala, y ambas han pedido este miércoles que les den de baja.

La líder de UPyD, Rosa Díez, también estudia ahora cómo poder renunciar a ese fondo que tuvo durante los dos últimos años que estuvo como europarlamentaria socialista. De hecho, UPyD ha remitido una carta al Parlamento Europeo pidiendo explicaciones sobre la gestión del fondo de pensiones de los europarlamentarios y ha pedido que se cancele si no se gestiona de manera transparente.

Díez, que ha asistido al pleno del Parlamento andaluz en el que su partido ha defendido una iniciativa parlamentaria popular para reformar la ley electoral —UPyD obtuvo 130.000 votos en Andalucía y ningún parlamentario—, ha dicho estar a la espera de las explicaciones del Parlamento europeo sobre este asunto. La líder de UPyD ha señalado que "hay un fondo privado de pensiones en el Parlamento Europeo en el que los diputados que quieren hacen una aportación y el Parlamento hace otra". Ahora han descubierto "que el Parlamento, parece ser, porque son informaciones periodísticas, tenía ese fondo en una sicav; desde luego yo no había sido consultada ni ninguno de los parlamentarios a los que yo conozco". Ese fondo de pensiones, para que siga existiendo, debe ser "de forma transparente, accesible y rigurosa", según Díez.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que tiene declarado en el Congreso desde 2010 el fondo de pensiones que firmó cuando era eurodiputado y que, en su opinión, no tiene "ningún misterio". "No es que se lo confirme, es que lo tengo declarado en la página web del Congreso desde 2010", ha contestado el ministro, quien ha explicado que en esa declaración incluyó las aportaciones realizadas durante los tres años y diez meses en los que fue eurodiputado.

Una fórmula "legal" y utilizada "frecuentemente"

El propio Parlamento Europeo ha aclarado que este sistema de pensiones complementario fue creado en 1994, con carácter voluntario, ante la falta de un régimen común, ya que en aquella época los sueldos, cobertura y prestaciones sociales de los eurodiputados dependían de cada Estado miembro y sus normas nacionales. Según un comunicado del Europarlamento, la fórmula escogida —a través de una sociedad de inversión de capital variable— fue decidida por la entidad gestora del mismo, en el momento de su fundación el 3 de marzo de 1994.

Dicha fórmula es "absolutamente legal" y se utiliza "frecuentemente" para sistemas complementarios de pensiones, alega el Parlamento Europeo, que argumenta además que la sociedad se creó en Luxemburgo porque en este país se encuentra la sede de la Secretaría General de la Eurocámara, desde donde se gestionan los fondos financieros de la institución. El fondo funcionó hasta 2009, cuando entró en vigor el nuevo estatuto del eurodiputado, mediante el cual los salarios y prestaciones sociales —incluidas las pensiones— pasan a depender de las instituciones europeas. Entonces había en este fondo 1.113 abonados de todos los países y de todos los partidos políticos.

El diputado socialista y exministro de Trabajo y Seguridad Social Valeriano Gómez ha dicho este miércoles que los fondos de pensiones vinculados a una Sicav en Luxemburgo son legales, legítimos y están aprobados por el Parlamento Europeo. En los pasillos del Congreso, Gómez ha opinado que se está "sobredimensionando" la importancia de estos fondos de pensiones, que están promovidos por el Parlamento Europeo y cubren prácticamente a todos los parlamentarios. "Todos sabían lo que hacían y no hacían nada ilegal ni reprobable desde el punto de vista moral", ha apuntado. Sí ha comentado que podría haber "algún tipo de irregularidad en la actuación particular de algunos parlamentarios europeos a lo largo de los últimos diez años".

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