El senador y exalcalde de Coalición Canaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, se ha mostrado convencido de que actuaba legalmente cuando aprobó unas obras municipales en el instituto García Cabrera, cuyo valor sobrepasó los siete millones de euros, y que lo hizo con el aval de los servicios gestores y jurídicos del Consistorio pese a los múltiples reparos de la Intervención de Fondos.

Así se ha expresado el senador canario en el juicio por un presunto delito de prevaricación continuada del que le acusa la Fiscalía y la acusación popular, ejercida por Izquierda Unida, que le ha sentado este miércoles en el banquillo de los acusados del Tribunal Supremo junto al exconcejal Guillermo Núñez y el exdirector general Joaquin Castro para responder por el caso 'García Cabrera', destapado a raíz de la denuncia del colectivo de juristas 'Justicia y sociedad'.

El exalcalde ha defendido que contrató las obras municipales guiado por las propuestas del servicio gestor, que dirigía su teniente alcalde, y la asesoría jurídica del consistorio, que gozaban de su "absoluta confianza". "Me merecen todos mis respetos y pensaba que su propuesta era razonada, razonable, justa y la que tenía que hacer", ha añadido.

Zerolo, regidor de este municipio canario desde 1995 hasta 2011, ha explicado que el histórico edificio municipal registró "tres conatos de incendio" en sus cuadros eléctricos y era peligroso según declaró la Inspección de Trabajo. Sus servicios se trasladaron provisionalmente al antiguo Instituto Hermanos García Cabrera para "evitar el riesgo" que sufrían los funcionarios.

El que fuera alcalde, que hizo solo una visita al centro educativo, ha indicado que el Ayuntamiento tenía firmado un contrato con la empresa IMES que cubría esta situación y, por ello, se le ordenó que acondicionara el instituto a fin de que pudiera tener un uso administrativo.

Pese a los múltiples reparos de la Intervención de Fondos a las obras de rehabilitación, Zerolo ordenó proseguir con la reforma porque disponía de una propuesta positiva del órgano gestor avalada por la opinión de varios expertos jurídicos. "No ha habido una confabulación de expertos en Derecho", ha agregado.

"No he tenido nada que ver en la tramitación de ese expediente. No hago una valoración como magistrado de lo Contencioso, veo el informe del servicio gestor y el jurídico y cuando veo que es razonable lo firmo", ha enfatizado el parlamentario nacionalista, que ha defendido que tenía poder para resolver la controversia entre los interventores y esos técnicos, quienes no habían despachado el asunto "en un renglón, sino que le habían dirigido un montón de documentación y sentencias".

Sentimiento de venganza

El que fuera teniente de alcalde y concejal de Economía, Guillermo Núñez, ha sido el siguiente en comparecer en la sala de vistas para asumir la decisión sobre la necesidad de trasladar los servicios municipales a otra sede dada la "inseguridad" del local. "Pensé que había que hacer muy poca obra. Entendí que las obras de acondicionamiento tenían un carácter mínimo y urgente que cabían en el contrato con la empresa IMES", ha remachado.

Dicho esto, el exresposnable de los servicios centrales ha confesado que no le extrañaron "en absoluto" los reparos de la Intervención de Fondos ya que los funcionarios presionaban porque no les gustaba la ubicación del instituto donde debían trasladarse a trabajar.

"Por una sencilla razón: los funcionarios pensaban que estaba en un barrio marginal y esa circunstancia explica el tema de los reparos a mi juicio. Para un amplio colectivo de funcionarios la decisión de Ofra - el barrio del instituto_fue percibida como una auténtica venganza por parte del concejal", ha añadido.

El último acusado, el exdirector general de Organización y Régimen Interno, Joaquín Castro, ha reconocido ser el autor del informe que aconsejaba levantar los reparos. Tras él, una interventora ha relatado los reparos que apreciaron en las obras de rehabilitación del instituto, entre ellos, dijeron que no había un proyecto de obras, presupuesto global ni publicidad en el proceso adjudicatario.

Los hechos se remontan al año 2003, cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz decidió acometer obras de acondicionamiento en el edificio de oficinas municipales de la calle General Antequera y habilitó como sede provisional el antiguo Instituto Hermanos García Cabrera, en el barrio de Ofra.

Los trabajos de remodelación del edificio fueron autorizados en el año 2005 y se llevaron a cabo por la empresa que se ocupaba del mantenimiento de colegios y edificios municipales en virtud de un contrato de servicios que el magistrado del Tribunal Supremo que ha instruido el caso considera de "muy discutible" vigencia jurídica.

Según recogía el auto de apertura de juicio oral dictado el pasado mes de marzo, las obras comenzaron a finales de marzo de aquel año a pesar de que la envergadura del encargo superaba "claramente" el objeto del contrato de servicios, y pese a carecer de proyecto, presupuesto y soslayando los principios de publicidad y libre concurrencia, y sin siquiera encargo escrito de realización de los trabajos.

El auto del Supremo que dio por finalizada la instrucción reconoce que el exalcalde ordenó el pago de facturas y la ejecución de las obras "fuera de las previsiones legales" y advierte de la existencia de dos informes que sugieren que la actuación se hizo fuera del ámbito normativo que debe regir la actuación de la administración.