La portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida de las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, y la diputada de Chunta Aragonesista (CHA), Carmen Martínez, han exigido este miércoles al consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Gobierno autonómico, Ricardo Oliván, que explique si defiende el derecho al aborto de las aragonesas o sigue "el dictado del PP".

Oliván comparecerá, en la sesión plenaria de este jueves, a petición de IU y CHA para informar sobre su posición en la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud respecto al informe realizado a petición del Ministerio de Justicia sobre el impacto en la normativa sanitaria del anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada, la reforma de la Ley del Aborto.

En rueda de prensa, Patricia Luquin ha resaltado que esta reforma legislativa, cuyo objetivo es volver a una normativa de supuestos y no de plazos, como la todavía vigente, afecta al 50 por ciento de la población, incide en "el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y una maternidad libre y responsable".

Ha criticado que Oliván no ha querido comparecer 'motu proprio' para dar cuenta de sus aportaciones para "defender los intereses de todas las mujeres aragonesas".

La portavoz de IU ha lamentando que la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, solo haya valorado este tema a través de la prensa y también los "silencios absolutamente clamorosos" de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), Pilar Argente, que no ha dicho "ni una sola palabra" sobre esta reforma, lo que "nos parece esperpéntico".

Ha hecho hincapié en que miles de personas se han movilizado porque esta reforma "va a suponer un ataque a la mujer" y los responsables del Gobierno "deberían tener la decencia de venir a explicarla".

Patricia Luquin ha argumentado que de los 28 países de la UE un total de 21 tienen leyes de plazos y los demás de supuestos, tras lo que ha mencionado las alertas de la UE y la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la necesidad de que los abortos se lleven a cabo sin riesgos y de forma legal.

No solo es una cuestión de derechos y libertades, sino también de salud pública, ha aseverado Luquin, a quien le resulta "preocupante" que se apruebe el anteproyecto en julio, lo que se debe a que "es una ley que no goza de ningún tipo de popularidad" excepto en "los sectores más retrógrados de la derecha y la Iglesia". Más del 85 por ciento de los ciudadanos consultados no creen necesario reformar la ley actual, ha apuntado.

"Es un auténtico despropósito", ha continuado Luquin, quien ha añadido que "no podemos consentir que se vaya a legislar en contra de los derechos de la mujer", resaltando que "no hay ningún tipo de demanda social" y conllevará la realización de abortos clandestinos.

Luquin ha agregado que esta ley no solo es muy restrictiva porque será "inviable" realizar abortos en los tiempos establecidos, sino también "clasista", ya que las mujeres con mayor capacidad adquisitiva podrán marcharse al extranjero para abortar de forma segura y las que no puedan se someterán a abortos clandestinos, de lo que ya han advertido los profesionales sanitarios. "Eso es retrotaernos a los años 50".

Reforma "ampliamente contestada"

Por su parte, Carmen Martínez ha asegurado que esta reforma ha sido "ampliamente contestada por la ciudadanía aragonesa" porque "pretenden arrebatarnos el derecho que tenemos las mujeres a decidir libremente sobre nuestro cuerpo, a decidir en qué momento queremos elegir nuestra maternidad". Ha dicho que esta reforma supone "menospreciar a las mujeres, declararlas incompetentes a la hora de tomar decisiones sobre su cuerpo".

Ha preguntado si la posición de Ricardo Oliván es "mantener el dictado de la derecha más derecha, de arrebatarnos derechos a las mujeres o defender la salud de las mujeres aragonesas", tras lo que ha avisado de que "esta ley no disuadirá a nadie de ejercer su maternidad cuando lo considere y pondrá en peligro la salud de muchas mujeres".

Se ha quejado de que la reforma se vaya a aprobar en verano, "cuando la opinión pública no esté tan atenta" y para evitar que tenga repercusión en las elecciones del año próximo.

Esta es "una ley que no tocaba", ha apreciado, al tiempo que ha dejado claro que la interrupción voluntaria del embarazo es "un derecho que es nuestro y nadie, por muy ministro, obispo o presidente que sea, nos tendría que arrebatar".

La parlamentaria de CHA ha comentado que menos del tres por ciento de los abortos se realizan por malformación del feto y ha criticado que el Gobierno de España no contemple otros motivos, como los sociales o laborales.