El Gobierno de Aragón limita la concesión de las subvenciones públicas y endurece los controles

  • Aprueba una nueva ley que baja el techo máximo de las ayudas públicas al 80% del total de la actividad a subvencionar.
  • Los solicitantes tendrán que presentar además memorias económicas que garanticen la viabilidad del proyecto, no podrán tener deudas tributarias...
  • La DGA aprueba también nuevas limitaciones para los altos cargos, que no tendrán que publicar su patrimonio cuando lleguen y dejen su puesto.
Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Consejo de Gobierno.
DGA
Roberto Bermúdez de Castro, tras la reunión del Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Aragón limitará y recortará a partir de ahora la concesión de subvenciones públicas y reforzará los controles y la vigilancia de las ayudas que se vayan concediendo.

Son algunas de las novedades de la nueva Ley de Subvenciones, que ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno y que, entre otras medidas, establece requisitos más duros para los beneficiarios y acota los límites para las ayudas que se dan de forma directa.

Con la nueva ley, las subvenciones que dé el Gobierno de Aragón y sus entes públicos tendrán un techo máximo de 80% del total de la actividad a desarrollar. Hasta ahora muchas podían llegar al 100%. Los beneficiaros de las ayudas no podrán tener deudas tributarias y tendrán que presentar una memoria económica que garantice la fiabilidad del proyecto.

Las subvenciones de más de cinco millones de euros requerirán el visto bueno del Consejo de Gobierno y todas las líneas de ayudas tendrán que planificarse con cuatro años de previsión. Además, todas las subvenciones directas tendrán que pasar controles semestrales en las Cortes. Entre las subvenciones que da la DGA hay ayudas para las artes escénicas, la música, los emprendedores, las pymes, autónomos, deportistas, cultura, entidades benéficas...

El Gobierno de Aragón ha aprobado también nuevos límites para los altos cargos políticos del Ejecutivo autonómico. A partir de ahora endurece el control de su patrimonio (tendrán que declararlo al acceder al puesto y al dejarlo) y amplía a dos años el tiempo máximo durante el cual no podrán ejercer actividades privadas relacionadas con su antiguo cargo.

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