El abogado hispalense y doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla (US) Francisco José Fernández Romero, uno de los mayores expertos nacionales en materia de contratación pública, ha asegurado que la colaboración público-privada supone la "única alternativa viable para que la construcción vuelva a convertirse en un motor dinamizador de la economía y poder abordar nuevas infraestructuras con interés social", asegurando que el modelo que ha soportado la obra pública en España es "insostenible y está agotado".

Fernández, que será desde este año profesor permanente de la Universidad Loyola, presenta este martes el libro 'La colaboración público-privada. Su aplicación práctica' en un acto en la sede del Colegio de Abogados, al que asisten también la directora académica del Departamento de Derecho de la Universidad Loyola Andalucía, Marta Montero, y el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo.

En su libro, editado por Hispalex, Fernández Romero recuerda que esta fórmula público-privada es usual en los países anglosajones y que "aquí también se ha ensayado con buenos resultados, pero de forma aislada". Argumenta que la única forma para recuperar el ritmo de la obra pública en España, lograr que la construcción vuelva a convertirse en un motor dinamizador de la economía y poder abordar nuevas infraestructuras de interés social, pasa por "darle la vuelta como un calcetín al actual sistema de contratación, promoviendo la participación del sector privado en la financiación de la obra pública, así como la asunción de riesgos compartidos en un sistema de libros abiertos, y con las cuentas claras, donde gana el que más ahorra y pierde el que gasta de más".

En su opinión, lejos de fomentar la eficiencia y el ahorro, el sistema actual de contratación permite la "desviación" en la ejecución de los presupuestos, "pagando más a los que más gastan y no exigiendo responsabilidades a los que se equivocaron en la valoración económica de los proyectos". "Esto no tiene ningún sentido, y hay que cambiarlo por una fórmula en la que si la Administración Pública tiene que poner más dinero, la empresa privada tiene que cobrar menos, e inversamente, si logra ahorrarlo, la empresa tiene que ganar más, por su buena gestión", explica.

Para ello, considera que la mejor fórmula es que el capital privado participe en la financiación de los proyectos, recuperando su inversión a través del ahorro de costes posterior y de la explotación posterior de las obras. "Ni hay dinero público suficiente ni lo va a haber en los próximos años para volver al nivel de ejecución que hemos tenido en España, y por ello las Administraciones deberían darse prisa en explorar nuevos mecanismos basados en el diálogo competitivo entre sector público-privado", afirma el autor, que considera la colaboración público-privada "más una necesidad que una opción".

Según insiste, "los gestores deben implantar vocación de emprendimiento también en la Administración Pública y, para hacerlo posible, es necesario que la administración dé cabida al sector privado no sólo en la financiación, ejecución y explotación posterior de los proyectos, sino también en su propia génesis y planificación". "La planificación unilateral por parte de la administración es un modelo caduco y condenado al fracaso", sostiene el autor, que se pregunta por qué no puede la iniciativa privada liderar y sugerir inversiones que sean rentables económica y socialmente.

"Aquí está mal visto que la administración hable con el sector privado, sin embargo en los países anglosajones no sólo es lo más normal, sino que lo que está mal visto es lo contrario", asegura Fernández Romero, que opina de esta visión de las relaciones público-privadas que se tiene en este entorno parte de hábitos y prácticas que deben ser "enterradas". Así, apunta, por un lado, a la actitud "depredadora de la empresa privada que se relaciona con administración con la intención de rentabilizar de forma inmediata lo máximo posible cada concurso o licitación" y, por otra parte, "la tendencia de los poderes públicos a usar políticamente las obras públicas".

Para el autor, una de las bondades de este modelo es que "acaba con esta forma de relación", pues la empresa privada "gana cuando la administración y por ende los ciudadanos ahorran", mientras que los poderes públicos "pierden el control absoluto de la adjudicación e incluso de la planificación de la obra civil, desapareciendo en la práctica la posibilidad de hacer un uso político de ella". "Con este esquema de colaboración público-privada no se hubieran realizado en España inversiones públicas faraónicas, sin un fin social contrastado y sin una rentabilidad clara, porque las administraciones no hubieran encontrado socios privados dispuestos a respaldarlas en esas inversiones", sostiene Fernández-Romero.

Las setas,

Caso "claro" que no se haría con público-PRIVADA

Considera en Sevilla las setas de la Encarnación como un caso "claro y prototípico de obra pública que no hubiera tenido encaje en un esquema de inversión público-privada, por su presupuesto desorbitado y por la imposibilidad de recuperar la inversión". Inversamente, estima que proyectos como la Ciudad de la Justicia, la SE-40 o la Línea 2 del Metro, "podrían haberse ya puesto en marcha o sacarse adelante mucho más rápidamente", pues asegura que hay un interés social "muy evidente y unas oportunidades de rentabilización para el sector privado muy claras".

Matiza, no obstante, que el destino de la colaboración pública-privado no es ocupar todo el espacio de la contratación de obra pública, pero sí un espacio "cuantitativamente y cualitativamente relevante, reservándose la financiación exclusivamente pública para aquellas ejecuciones de interés social que no pueden ser objeto de una explotación posterior". "Creo en todo caso que las obras de mayor envergadura se harán con este modelo o no se harán y haríamos bien en darnos cuenta cuanto antes, pues de lo contrario pasarán muchos años antes de que veamos nuevas ejecuciones importantes en carreteras, hospitales, medios de transporte como el AVE, etcétera, etcétera", sentencia.

Así, concluye que el sector público y el privado "se necesitan mutuamente para afrontar el presente y el futuro". "La colaboración público-privada tiene en España mucho camino por recorrer hasta llegar al nivel que tiene en muchos países de nuestro entorno", insiste.

Labor docente y profesional pública y privada

El abogado José Fernández Romero es uno de los profesionales más reconocidos en Derecho de la Construcción e Infraestructuras, con experiencia tanto en la Administración Pública, como jefe de contratación en empresas públicas de la Consejería de Obras Públicas, como en el sector privado, donde ha sido director Jurídico del Grupo Ayesa. Tiene una experiencia intensa en la Administración, interviniendo durante años en las licitaciones de implantación y desarrollo de infraestructuras ferroviarias, hidráulicas y de carreteras andaluzas, especialmente en metros y tranvías.

Ha formado parte de la mesa de trabajo de la reforma de la Administración y ha intervenido como dirección jurídica en la Expo Zaragoza o la Torre Pelli y en el desarrollo de Planes Generales de Infraestructuras como el de Sevilla. Además, ha sido en los últimos años director del Área Legal de KPMG Abogados y es director general de un fondo de inversión gestionado por Grupo Consea.

Pertenece al Departamento de Derecho Civil de la US y es profesor permanente de la Universidad Loyola Andalucía. Colabora con varias escuelas de negocio y ha escrito cinco libros sobre estos ámbitos. En 2004, la editorial La Ley y el Colegio de Abogados de Sevilla le concedieron el Premio Nacional por un trabajo sobre la normativa medioambiental en España.