Suárez reitera que la ley ya recoge la prohibición de que los menores accedan a zonas donde predomina el alcohol

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno autonómico, Antonio Suárez, ha reiterado que la Ley de la Infancia y la Adolescencia de 2001 "ya prohíbe la entrada a los menores de edad en sitios donde en la actividad que se desarrolle predomine el alcohol" si no van a acompañados de sus padres y tutores.
El consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez
El consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez
EUROPA PRESS
El consejero de Política Territorial e Interior de Aragón, Antonio Suárez

El consejero de Política Territorial e Interior del Gobierno autonómico, Antonio Suárez, ha reiterado que la Ley de la Infancia y la Adolescencia de 2001 "ya prohíbe la entrada a los menores de edad en sitios donde en la actividad que se desarrolle predomine el alcohol" si no van a acompañados de sus padres y tutores.

Por eso, el decreto sobre espectáculos públicos ocasionales o extraordinarios "no supone ninguna modificación", según lo ha expresado en rueda de prensa, donde ha dado a conocer un nuevo portal web sobre información geográfica de Aragón.

Suárez ha recalcado que esta prohibición está recogida con carácter general en la citada ley por lo que ni los servicios jurídicos del Gobierno, ni la Comisión Consultiva hubieran dejado que el decreto de espectáculos públicos "fuera más allá".

Ha agregado que el decreto otorga "más posibilidades a favor de los ayuntamientos y organizadores" de espectáculos, permitiendo que los menores vayan solos si se acotan espacios "donde no hay ni venta ni consumo de alcohol", algo que sí es una "novedad" y "creo que es positiva".

En este sentido, los ayuntamientos, que deben aplicar por primera vez este verano el decreto, "organizan o autorizan los acontecimientos de la forma que mejor creen", según "las posibilidades que da el decreto".

Suárez ha subrayado que una de las finalidades de esta normativa es "dar seguridad jurídica a los ayuntamientos" para que sepan "qué es lo que pueden exigir o no y qué margen tienen para tomar decisiones", igual que para que los organizadores conozcan "lo que cada ayuntamiento les puede exigir o no".

A su entender, en la aplicación del decreto "lo que he visto es que los ayuntamientos están tomando sus decisiones, cada uno en función de lo que considera" y según sus "posibilidades de adaptación, pero eso no es malo".

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