El PSIB ha considerado este domingo que la cuestión de inconstitucionalidad que el TSJIB ha planteado sobre el Decreto Ley de recortes del sector público del Govern "demuestra la falta de talante democrático del PP de José Ramón Bauzá".

Así se ha manifestado en un comunicado la diputada del partido Lourdes Aguiló, quien ha recordado que ya advirtió en el Parlament al Ejecutivo balear de la posible inconstitucionalidad de algunos de los preceptos del decreto.

"Tenemos un Govern que gobierna a golpe de decreto ley, evitando cualquier intento de diálogo con ninguno de los actores políticos y sociales", ha declarado Aguiló.

El PSIB ha considerado que el hecho de que la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB haya elevado una cuestión de inconstitucionalidad contra un apartado del Decreto demuestra lo que "hemos denunciado cientos de veces durante esta legislatura: la falta de talante democrático del PP de Bauzá".

La sentencia cuestiona que deba utilizarse un mecanismo legislativo como el decreto ley para entrar a valorar una cuestión como la permanencia en el servicio de un funcionario público al que ya se le había validado su continuidad en la plaza más allá de la edad ordinaria de jubilación, ha explicado el PSIB.

La diputada ha recordado que "durante esta legislatura los diputados socialistas no nos hemos cansado de repetir al Govern su falta de talante democrático en aprobar normas con rango de ley por la vía del decreto; pero ahora quien le hace las mismas observaciones no es el rival político del Govern, sino los mismos tribunales".

La sentencia del TSJIB remarca que "el decreto ley está justificado en casos de extraordinaria y urgente necesidad". "El Govern ya ha aprobado nada menos que 24 decretos ley en tres años, un verdadero record Guinness de falta de voluntad democrática y de debate" ha afirmado Aguiló, quien además ha destacado el "ridículo" que supone que a Bauzá le tengan que recordar los tribunales que "legislar por decreto ley supone en la práctica la sustitución del papel legislativo del Parlament por el ejecutivo del Govern, y que se debe garantizar la participación de las minorías en los proyectos de ley".

El PSIB considera que "la falta de diálogo, de espíritu de consenso de Govern y la demostración irracional de los tics pre-democráticos de Bauzá, se pueden convertir en un conflicto normativo si finalmente el Decreto es declarado contrario a la Carta Magna, con graves consecuencias para la Comunidad cuando los trabajadores públicos que han perdido su plaza de trabajo, en vez de la aplicación de este decreto ley, reclamen con toda justificación el resarcimiento de los sus derechos", concluye.