El que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas ha reclamado al Juzgado de Instrucción número seis, que anule el decreto relativo al embargo de su patrimonio para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros que le fue impuesta en la investigación de la administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos. De manera subsidiaria, pide dejar sin efecto el embargo de su pensión al tratarse de "la única fuente de ingresos" de su familia.

Rivas, recordémoslo, fue condenado a 21 meses de inhabilitación y una multa de 600.000 euros por la comisión de 450.000 euros reclamada por la exdirectiva de Mercasevilla al grupo hostelero La Raza a cambio de la concesión relativa a una escuela de hostelería subvencionada por la Consejería de Empleo. El Tribunal Supremo, no obstante, anuló dicha condena y absolvió a Rivas de los cargos y penas que pesaban sobre él.

De todas formas, Antonio Rivas sigue imputado en la investigación relativa a la presunta administración fraudulenta de la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos, de la que se alimentaron numerosos expedientes de regulación de empleo injustificados, carentes de trámite o con falsos prejubilados.

Es en esta línea de investigación en la que la juez Mercedes Alaya, a través de un decreto emitido el 5 de junio, ordenó que a Rivas le fueran embargados una motocicleta modelo Vespa, un turismo y una vivienda unifamiliar en Camas (Sevilla), todo ello para cubrir la fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros que le impuso la magistrada. Igualmente, la juez ordenaba el embargo de las retribuciones, rentas o pensiones que en concepto de prestaciones contributivas percibiese del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Recurso de revisión

Frente a este decreto, la defensa de Rivas ha formulado un recurso de revisión, recogido por Europa Press, avisando de que los embargos son ordenados cuando la juez aún no "resuelto y ni tan siquiera tramitado" el recurso de reforma promovido contra el auto en el que se le imponía al imputado una fianza de responsabilidad civil de 3.323.672,49 euros. Tal extremo supone, según el recurso de revisión, "una evidente y palmaria indefensión".

El recurso niega además que Rivas no haya dado cuentas de su patrimonio a la juez, negando además cualquier "enriquecimiento patrimonial ilícito" y recordando que su "única fuente de ingresos" es una pensión por incapacidad permanente absoluta que se eleva a 2.554 euros mensuales, cuantía que constituye "la única fuente de ingresos de mi unidad familiar", formada ahora por Rivas, su esposa; un hijo de Rivas y su cónyuge; y los tres hijos de estos últimos, quienes han regresado "al domicilio paterno por no poder acometer los gastos de su hipoteca y las cargas que sobre su economía pesan"·

"Soy padre de cinco hijos y abuelo de siete nietos, cifra que se verá incrementada pronto en dos más. Todos tienen necesidades y a pesar de la situación trato de ayudar a todos en la medida de mis posibilidades", refleja el documento invocando un documento anterior en el que Rivas detallaba su "patrimonio". El recurso de revisión, así, ve una "evidente desproporción en las medidas" de embargo adoptadas, avisando de la ausencia de referencias previas a la "traba sobre la pensión de incapacidad permanente absoluta", que es la "única fuente de ingresos" de Rivas y su familia.

Las "circunstancias"

"No se han tenido en cuenta en absoluto las circunstancias concurrentes, al objeto de preservar la garantía legalmente establecida, consistente en procurar tener en cuenta la menor onerosidad de ésta sobre el ejecutado", argumenta el recurso de revisión sobre la "enorme desproporción" del embargo ordenado. Así, el recurso pide anular y "dejar sin efecto toda traba de bienes para garantizar la fianza de responsabilidad civil exigida", y subsidiariamente anular el embargo de la citada pensión.